La financiación universitaria en Andalucía necesita al menos 38 millones más en 2026, según los campus públicos

Las universidades reclaman a la Junta un segundo reparto antes de final de año y consideran insuficiente el proyecto presupuestario de 2027 para cumplir el modelo de financiación universitaria en Andalucía.

Las universidades públicas andaluzas estiman que necesitan al menos 38 millones de euros adicionales antes de que termine 2026 para atender las obligaciones contempladas en el modelo de financiación vigente, principalmente las relacionadas con las retribuciones de sus plantillas. Los campus advierten de que, a menos de dos meses del cierre del ejercicio, continúa pendiente el segundo reparto presupuestario acordado en el CAU del 17 de abril.

La estimación procede de los criterios con los que trabaja una comisión técnica integrada por representantes de las gerencias universitarias y de la Consejería de Universidad, en colaboración con la Consejería de Hacienda. La cifra deberá ser validada de manera definitiva por Hacienda, según la información difundida por las universidades públicas andaluzas a través de la Universidad de Cádiz.

La aportación adicional permitiría aplicar en 2026 la cláusula de salvaguarda incluida en el modelo, en cuyo cálculo deben incorporarse los incrementos retributivos correspondientes a esta anualidad. Las instituciones sostienen que la demora las obliga a preparar el cierre de sus cuentas sin conocer con certeza los ingresos disponibles para afrontar obligaciones que deben atender en su totalidad.

La financiación universitaria en Andalucía también centra las objeciones de los campus al proyecto de presupuestos autonómicos para 2027. Aunque las universidades reconocen que las cuentas planteadas por el Gobierno andaluz aumentan respecto a las de 2026, consideran que el crecimiento previsto no cubre todas las necesidades recogidas en el modelo.

Los cálculos provisionales de la comisión técnica incluyen factores como los incrementos salariales, el crecimiento vegetativo de las plantillas y la subida del coste de la Seguridad Social. A partir de esos criterios, las universidades cifran en al menos 15 millones de euros la cantidad que aún faltaría en 2027 para cumplir la cláusula de salvaguarda.

Otro de los puntos planteados se refiere a la denominada cota de personal, el límite de gasto autorizado para el conjunto del sistema. Las universidades mantienen que la cantidad prevista para 2027 no refleja la evolución real de las plantillas ni el aumento de las obligaciones retributivas asumidas, muchas de ellas, según señalan, derivadas de decisiones externas a las propias instituciones.

Por este motivo, solicitan que ese límite se revise para armonizarlo con el incremento de los costes de personal. Los campus consideran que mantener la cota en los términos actuales puede reducir su margen para responder a las obligaciones salariales y afectar a la capacidad del sistema universitario público.

Las universidades también reclaman que las cuentas de 2027 incorporen y apliquen el mecanismo de nivelación previsto en el modelo de financiación. Este instrumento está concebido para corregir los desequilibrios de aquellas instituciones que acumulan varios años de infrafinanciación y que, de acuerdo con el comunicado, ya no pueden equilibrar sus presupuestos únicamente mediante ajustes del gasto.

La actualización de los gastos corrientes constituye otra de las partidas en discusión. El modelo establece que la Consejería de Universidad debe aplicar anualmente un coeficiente al Capítulo II, correspondiente a los gastos en bienes y servicios, para compensar de manera global el aumento de estos costes.

Según las estimaciones de las universidades, esa actualización superaría los 26 millones de euros. Las instituciones aseguran que dicha cantidad no está recogida en la formulación actual del proyecto presupuestario andaluz para 2027.

El documento también aborda la introducción de préstamos públicos con un interés limitado. Los campus admiten que esta herramienta puede servir para atender situaciones puntuales, pero rechazan que sustituya al plan plurianual de infraestructuras que reclaman a la Administración autonómica. En las conversaciones mantenidas en el CAU habían solicitado, entre otras modificaciones, que esos préstamos quedaran completamente exentos del pago de intereses.

A estas reivindicaciones se suma la reducción de la inversión en investigación contemplada para 2027. La partida pasa de 158 a 127 millones de euros, lo que representa un descenso cercano al 20%. Las universidades consideran que esta disminución perjudica la capacidad del sistema andaluz para desarrollar ciencia y tecnología y puede afectar a su competitividad.

Las instituciones públicas reclaman que el cumplimiento del modelo deje de depender de aportaciones extraordinarias que no se consolidan en los presupuestos de ejercicios posteriores. Según su valoración, varias universidades han agotado su margen de ajuste después de años de desequilibrios financieros y encuentran dificultades para cuadrar sus cuentas y atender sus obligaciones ordinarias.

Los campus han pedido a la Junta de Andalucía una financiación suficiente, estable y previsible, y han expresado su disposición a mantener las negociaciones para completar la aplicación del modelo. Su reclamación abarca tanto la transferencia pendiente de 2026 como la revisión de las partidas incluidas en el proyecto presupuestario de 2027.