La Junta reclama una auditoría urgente de la seguridad ferroviaria entre Andalucía y Madrid

El Consejo de Gobierno pide revisar la infraestructura, la señalización y el mantenimiento para reforzar la seguridad ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras los accidentes de Urda y Adamuz.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado instar al Gobierno central a realizar una auditoría técnica integral e independiente de la seguridad ferroviaria entre Andalucía y Madrid. La petición se produce tras el accidente registrado en Urda, en Toledo, y el ocurrido anteriormente en Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuyas consecuencias afectan a las conexiones de la comunidad con la capital de España.

El acuerdo plantea un examen de las condiciones en las que se presta el servicio en el corredor de alta velocidad, así como del estado de conservación de las infraestructuras y del funcionamiento de los sistemas de seguridad y señalización. La Junta reclama que este análisis se desarrolle de forma paralela a la investigación de los accidentes.

El objetivo, según recoge el acuerdo, es determinar las circunstancias de los siniestros y comprobar si existen posibles deficiencias estructurales o sistémicas relacionadas con la planificación, la conservación y el mantenimiento de la red. El Ejecutivo autonómico también solicita que se revisen los medios disponibles y su adecuación al nivel actual de uso de las líneas ferroviarias.

La iniciativa incluye una petición para reforzar las inversiones destinadas a conservación y mantenimiento. Para justificarla, la Junta cita datos publicados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sus últimos informes.

De acuerdo con esas cifras, la actividad ferroviaria medida en trenes-kilómetro aumentó un 56,3% entre 2019 y 2025. En ese mismo periodo, el gasto en reparaciones y conservación de la infraestructura por cada tren-kilómetro se redujo un 29,9%.

El acuerdo también alude a los objetivos de mantenimiento expuestos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El departamento estatal cifra en 1.800 millones de euros anuales las necesidades para el conjunto de la red, incluida la alta velocidad, la media distancia y los servicios de cercanías. Esa cantidad supera en un 64% los 1.100 millones presupuestados para 2025.

A partir de estos datos, el Gobierno andaluz considera que existe un desequilibrio entre el incremento del uso de la red y los recursos dedicados a conservarla. Por este motivo, pide revisar si la planificación y los medios destinados al mantenimiento responden a las actuales exigencias de explotación del sistema ferroviario.

La Junta también solicita medidas extraordinarias de movilidad mientras continúe interrumpida la comunicación ferroviaria entre Andalucía y Madrid. El acuerdo plantea reforzar las alternativas por carretera y avión hasta que se recupere el servicio, ante las consecuencias económicas y sociales que el Ejecutivo autonómico atribuye a la pérdida de esta conexión.

Otra de las propuestas es crear una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía. Este órgano serviría como canal permanente de interlocución y permitiría realizar un seguimiento conjunto de las actuaciones que el ministerio desarrolle en el corredor ferroviario.

El Consejo de Gobierno enmarca estas peticiones en sus anteriores reclamaciones sobre la situación del ferrocarril en Andalucía. Según la Junta, las averías, los retrasos y el deterioro del servicio se han sucedido durante los últimos años, hasta desembocar en la actual interrupción de las conexiones con Madrid.

Entre las actuaciones precedentes, el Ejecutivo autonómico menciona varias comunicaciones dirigidas a los ministros responsables de Transportes y una declaración institucional aprobada por el propio Consejo de Gobierno. El Parlamento de Andalucía también ha aprobado siete proposiciones no de ley para solicitar mejoras en las infraestructuras ferroviarias.

En octubre de 2024, la Junta entregó al Ministerio de Transportes el informe denominado ‘Infraestructuras para Andalucía’, durante una reunión que, según el Gobierno autonómico, fue la única mantenida con un ministro del ramo en ocho años. Las reclamaciones volvieron a plantearse en la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en julio de 2026, sin que, de acuerdo con la versión de la Junta, se atendieran sus principales iniciativas.