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La Junta reclama mantener la financiación específica al sector hortofrutícola en la PAC 2028-2034

Redacción 18 noviembre, 2026 4 minutos de lectura

El Gobierno andaluz advierte de que la PAC 2028-2034 podría trasladar las ayudas a cupos nacionales y generar diferencias entre las organizaciones de productores europeas

La Junta de Andalucía defiende que la futura Política Agraria Común mantenga un régimen específico de financiación europea para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). El Gobierno autonómico considera que la PAC 2028-2034, actualmente en negociación, podría reducir la estabilidad de las ayudas y provocar diferencias entre productores según el Estado miembro al que pertenezcan.

El Consejo de Gobierno ha abordado los posibles efectos de la reforma sobre el sector hortofrutícola andaluz, coincidiendo con las negociaciones que mantienen el Consejo y el Parlamento europeos sobre la nueva PAC y el marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

El modelo vigente reserva una financiación comunitaria específica para las organizaciones de productores. Sin embargo, la propuesta que se debate contempla la posibilidad de incorporar estos recursos a los cupos financieros nacionales, lo que dejaría su distribución más vinculada a las prioridades presupuestarias de cada país.

Según el análisis de la Junta, este cambio podría traducirse en distintos niveles de apoyo para organizaciones que operan en un mismo mercado europeo. El Ejecutivo andaluz sostiene que esa situación podría generar distorsiones de la competencia y reducir la estabilidad y previsibilidad de los fondos destinados a los programas operativos del sector.

Ante este escenario, el Gobierno autonómico plantea conservar el sistema actual e incluso reforzarlo, con recursos suficientes y reglas homogéneas para todos los Estados miembros. Su posición es que las ayudas continúen articulándose mediante un régimen europeo diferenciado, en lugar de quedar integradas en las asignaciones nacionales.

Las OPFH reciben subvenciones vinculadas a las actividades recogidas en sus programas operativos, que tienen una duración de entre tres y siete años. Estas planificaciones permiten organizar inversiones y actuaciones estratégicas a medio plazo y se financian tanto con aportaciones de los propios productores como con ayuda de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).

En la convocatoria correspondiente a 2026, la Consejería de Agricultura ha tramitado cerca de 144 millones de euros en ayudas para alrededor de un centenar de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Andalucía. Esta cifra refleja el peso que tiene el sistema de programas operativos dentro de la financiación del sector.

Las organizaciones beneficiarias desarrollan actuaciones relacionadas con la modernización de las explotaciones y los procesos productivos, la innovación, la digitalización y la transferencia de conocimientos. También intervienen en proyectos para mejorar la calidad y aumentar el valor añadido de las frutas y hortalizas.

Su estructura empresarial permite, además, coordinar la planificación de la producción y diversificar los canales de comercialización. Los programas pueden incluir medidas de prevención y gestión de crisis destinadas a limitar el efecto de las fluctuaciones del mercado sobre los ingresos de los agricultores.

Otra parte de las actuaciones financiadas se orienta a reducir el consumo de insumos, mejorar la gestión de residuos, fomentar la economía circular y adaptar las producciones al cambio climático. También se contemplan inversiones dirigidas a utilizar de forma más eficiente el agua y la energía.

La preocupación del Gobierno andaluz se extiende al conjunto del sector agrario. La Junta estima que la propuesta europea podría implicar una reducción del 22% de los recursos destinados a la PAC y la desaparición de la programación presupuestaria específica e independiente aplicada durante los últimos periodos.

El Ejecutivo autonómico también rechaza una eventual transferencia de mayores competencias de decisión a los Estados miembros. A su juicio, una renacionalización de la política agraria debilitaría el carácter común de la PAC y podría aumentar las diferencias en las condiciones de apoyo que reciben agricultores y ganaderos dentro de la Unión Europea.