FACUA denuncia que la Junta lleva tres años sin resolver una reclamación eléctrica en Cádiz
La reclamación eléctrica en Cádiz afecta a una consumidora que recibió facturas y un requerimiento de pago de 158,23 euros después de vender la vivienda y solicitar la baja del suministro

FACUA Cádiz ha denunciado que el Servicio de Energía de la Junta de Andalucía mantiene sin resolución desde noviembre de 2023 una reclamación eléctrica en Cádiz presentada en representación de una consumidora. La afectada continuó recibiendo facturas vinculadas a una vivienda que había vendido más de un año antes y cuyo suministro había solicitado dar de baja.
La reclamación fue registrada el 22 de noviembre de 2023 ante el Servicio de Energía de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Cádiz. El expediente se dirige contra Energía XXI Comercializadora de Referencia y Suministradora Eléctrica de Cádiz por las incidencias relacionadas con la contratación, la baja y la facturación del suministro.
Según la información aportada por la asociación, la consumidora vendió la vivienda el 1 de julio de 2022 y tramitó la baja del contrato eléctrico asociado al inmueble. Sin embargo, en julio de 2023 Energía XXI volvió a emitir facturas a su nombre por ese punto de suministro.
La afectada reclamó ante la comercializadora, que respondió que no existía un contrato suscrito directamente por ella y que el suministro se atendía por derivación de la distribuidora. Suministradora Eléctrica de Cádiz rechazó, por su parte, la reclamación al considerar que correspondía a la comercializadora tramitar la baja.
La controversia entre ambas compañías mantuvo a la antigua propietaria como titular del suministro, de acuerdo con el relato de FACUA. Posteriormente, la consumidora recibió un requerimiento para abonar 158,23 euros pese a haber vendido el inmueble y comunicado previamente la baja.
FACUA trasladó este requerimiento de pago al Servicio de Energía el 3 de febrero de 2025 y solicitó que se adoptaran medidas para evitar que continuaran las consecuencias de la incidencia. La asociación sostiene que, a fecha de 20 de noviembre de 2026, el organismo autonómico todavía no había notificado una resolución expresa ni comunicado el resultado definitivo de sus actuaciones.
Durante la tramitación, la organización de consumidores ha presentado varias solicitudes y aportado documentación en distintas ocasiones. El 14 de noviembre de 2024 pidió información sobre el estado del expediente ante la falta de respuesta a la reclamación inicial.
El Servicio de Energía contestó el 2 de diciembre de 2024 que seguía realizando gestiones y que había solicitado informes a las empresas implicadas. En esa comunicación indicó que trasladaría el resultado cuando recibiera las correspondientes respuestas.
El organismo autonómico requirió documentación adicional el 6 de marzo de 2025. FACUA aportó entonces los justificantes relativos a la titularidad del suministro, la transmisión de la propiedad de la vivienda y la solicitud de baja realizada por la consumidora.
La asociación remitió un nuevo recordatorio el 10 de julio de 2025 al continuar el expediente sin resolución. El 3 de septiembre del mismo año presentó además una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la demora administrativa y pedir que investigara la tramitación del caso.
El Servicio de Energía volvió a requerir documentación el 27 de octubre de 2025. FACUA afirma que se trataba de los mismos documentos solicitados con anterioridad y entregados en marzo. La entidad los remitió de nuevo el 30 de octubre, hizo constar que ya habían sido aportados y pidió que continuara la tramitación.
La organización considera que la prolongación del procedimiento está perjudicando a una consumidora que dejó de ser propietaria de la vivienda en 2022 y que ha quedado afectada por la discrepancia entre la comercializadora y la distribuidora sobre quién debía gestionar la baja. También critica que los sucesivos trámites no hayan desembocado en una respuesta definitiva.
FACUA fundamenta su reclamación en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la obligación de las administraciones de resolver expresamente los procedimientos y notificar sus resoluciones.
La asociación reclama al Servicio de Energía que impulse las actuaciones pendientes y dicte una resolución motivada sobre las pretensiones de la consumidora. Su denuncia se centra tanto en el tiempo transcurrido desde la presentación del expediente como en la repetición de requerimientos documentales durante su tramitación.


