El Pleno Ordinario del mes de junio en la Diputación de Cádiz ha centrado una parte importante del debate en asuntos relativos a la llegada de inversiones a la provincia. Ha sido la diputada socialista Isabel Moreno la que ha defendido una propuesta encaminada a instar al Gobierno de España a mantener la igualdad de criterios entre los municipios y las entidades locales autónomas (ELAs) de la provincia a la hora del reparto de los fondos PFEA para los sucesivos ejercicios, evitando así posibles agravios. A esto hay que añadir la petición de que el Ejecutivo central aumente la asignación de estos fondos en un porcentaje similar al realizado por la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Fue aprobada con el visto bueno de todos los grupos.
Otro asunto defendido por el PSOE, en este caso por la diputada Ana Carrera, fue la necesidad de instar al Gobierno de España a que traslade a la Diputación información concreta de los proyectos específicos puestos en marcha por la Administración central en la provincia con cargo a la ITI de Cádiz, con una atención especial a los destinados a la ciudad de La Línea de la Concepción, así como los proyectos que ya están comprometidos económicamente. La propuesta fue aprobada con la única abstención del PP.
Izquierda Unida trajo al Pleno la cuestión de la siniestralidad laboral en la provincia de Cádiz. Concretamente solicitó al Pleno apoyo para instar al Gobierno Central a derogar la Reforma Laboral vigente por cuanto «fomenta la precariedad laboral y el aumento de enfermedades y accidentes de trabajo», además de adoptar otras medidas de concienciación y trabajo preventivo. La propuesta fue aprobada. Otra proposición de IU que salió adelante fue la de que la Diputación establezca un convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz que permita promover la creación de un banco de ADN de restos exhumados y familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Cádiz, encomendado su coordinación al Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial.
A iniciativa del Partido Popular se acordó por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a que se modifiquen las condiciones del contrato de licitación para la contratación de monitores de aula específica contemplándose las horas necesarias que eviten situaciones como las vividas recientemente en un colegio de San Fernando, donde los menores que debían ser atendidos por estos profesionales han tenido serias dificultades para poder participar en excursiones ante la necesidad de compensar las horas de trabajo extra de los monitores. Igualmente se acordó instar al Servicio Andaluz de Salud a mejorar la dotación de recursos humanos de la unidad de Radioterapia para el área norte de la provincia, así como que se lleve a cabo, con la mayor urgencia, la instalación de un segundo acelerador lineal para atender la alta demanda de los enfermos. Otra moción del PP que fue aprobada de forma unánime fue la de que la Diputación lidere el proyecto de reconstrucción del asentamiento en la aldea de Cucarrete, en Los Barrios, destinado a centro de interpretación del mismo y del Parque de los Alcornocales.
Ángeles González, portavoz de Ganemos Jerez, defendió una moción para que la Diputación manifieste su apoyo expreso a la libertad de expresión y a la derogación de la llamada «Ley Mordaza», consiguiendo el apoyo de PSOE, PA e IU.
La diputada Maribel Peinado presentó la propuesta del Partido Andalucista de solicitar a la Junta el desdoble de la carretera A-375 en su tramo de Utrera a Puerto Serrano, recibiendo el apoyo del Pleno.