La Diputación de Cádiz, a través de un decreto suscrito por su presidenta Irene García, va a dedicar –al menos- un siete por ciento de sus procedimientos de adjudicación de suministros y servicios a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. El responsable del área de Servicios Económicos de la institución provincial, Jesús Solís, expuso la nueva medida al último Pleno de Diputación. El citado porcentaje de reserva se aplica en relación al último presupuesto liquidado.
Las entidades destinatarias de estos contratos, conforme a la legislación vigente, tienen en nómina a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social: profesionales que deben significar, como mínimo, un 30 por ciento de la plantilla.
Diputación cumple de esta forma con uno de los principios contemplados en la ley 9/2017 sobre contratos en el sector público, si bien Jesús Solís indicó al Pleno que ya en enero de 2017 la institución provincial decidió anticipar este proceso al concretar una guía de cláusulas sociales aplicable a sus licitaciones.
Junto a esta reserva el decreto suscrito por Irene García incluye la redacción de unas instrucciones al respecto, así como la constitución de la Comisión de la Contratación Pública Responsable que estará adscrita a la Central de Contratación Administrativa de Diputación. Este nuevo servicio velará por el eficaz cumplimiento de estas directrices de alcance social.