El Equipo de Gobierno ha mostrado hoy su respaldo absoluto a la gestión realizada por el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ante el anuncio realizado por los hosteleros de chiringuitos de la ciudad “que han amenazado con llevarlo a los tribunales por un delito de prevaricación” en relación a la tramitación llevada a cabo sobre las concesiones de estos establecimientos.
Desde el Equipo de Gobierno afirman de forma tajante que “no existe ninguna actuación irregular ni arbitraria en la tramitación de los expedientes que se han abierto a los chiringuitos sean desde la Delegación de Playas, Contratación o la ahora señalada Urbanismo”.
En el ámbito administrativo, “los técnicos municipales desestimaron en su momento la transmisión de la titularidad. Por tanto, se trata de una cuestión administrativa que la oposición no para de politizar y judicializar, pese a que simplemente se deberá resolverse por la vía administrativa”.
En particular, desde la Delegación de Urbanismo se ha trabajado en todo momento con respeto a la norma, el PGOU, y siendo impecables en el procedimiento a nivel técnico-jurídico. En este sentido ha recordado que se hizo en febrero con el primer expediente por exceso de ocupación, y se ha realizado con los demás.
Por tanto, explica el Equipo de Gobierno, “lo que anuncian los propietarios de los chiringuitos no es más que fruto de la frustración por no haber conseguido desde la presión y el chantaje lo que realmente quieren, mejores condiciones para sus negocios sin concurrencia pública y saltándose las normas urbanísticas”.
El Equipo de Gobierno recuerda que “no es la primera vez que los concesionarios de estas explotaciones se han dirigido a la Delegación de Urbanismo presionando por diferentes vías, incluso mandando a sus trabajadores, para que se les permitiese llevar a cabo conciertos o actuaciones cuando la norma aplicable no lo ha permitido”.
Subraya que desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha actuado en base al interés general y con respeto a las normas, “no desde el interés particular para beneficiar a unos pocos en detrimento de la concurrencia y del interés general pues no hay que olvidar que la playa como recurso natural no es el coto privado de quienes se han adjudicado una concesión, sino un recurso ambiental a proteger y defender”.