La huelga de funcionarios de prisiones, convocada por ACAIP, CSIF, UGT, CC OO y CIG, ha tenido un seguimiento del 63 por ciento de media en los tres centros penitenciarios de El Puerto de Santa María, desde que comenzara en la medianoche del martes.
Desde CSIF Cádiz se ha informado de que, a través de los piquetes informativos, se han logrado paralizar las diligencias judiciales (salidas de internos a los juzgados) y se ha retrasado la actividad normal diaria de las prisiones de la provincia.
Esta ha sido la primera jornada de huelga, convocada a nivel nacional, con el fin de instar al Gobierno central al desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año mantienen los sindicatos con la Administración penitenciaria.
Esta plataforma sindical reclama la necesidad de abordar una negociación real, tras la propuesta presentada por la Administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que retiró tan solo tres día después bajo el argumento de la restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021.
Los trabajadores y trabajadoras de las prisiones se encuentran absolutamente indignados y entienden que desde la administración se ha faltado al respeto a los empleados de las prisiones y es por ello que se han convocado una serie de medidas de presión que han dado comienzo hoy día 24 con el primero de los seis días de huelga previstos, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6,8,13 y 15).
Igualmente esta plataforma de los sindicatos representativos en las prisiones entiende que el diálogo iniciado con el actual partido en el Gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición, ha quedado truncado.
El gobierno debe volver a la negociación para adecuar el salario de los empleados de prisiones a las reales cargas de trabajo. Reconociendo de la misma forma que sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda.
Por último, los sindicatos denuncian los abusivos servicios mínimos que están soportando los funcionarios públicos, impidiendo un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como es el derecho de huelga.