La coordinadora general de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, ha reiterado al Obispado de Cádiz y Ceuta su petición para que ceda los pisos de su propiedad, y que se encuentren vacíos, al programa Alquiler Justo del Ayuntamiento -también conocido como Vivir en Cádiz- que contempla ayudas al alquiler para familias necesitadas y préstamos a los propietarios para la reforma de las viviendas.
Al hilo de la publicación en prensa sobre los buenos resultados económicos que se desprenden del balance correspondiente al pasado año de esta entidad, en los que la diócesis ha superado los dos millones de euros sus ingresos con respecto a 2016, y con una cifra total de 16.112.717,35 euros, la portavoz insiste en “solicitar una mayor implicación social con los problemas de la ciudad, ya que gozan de privilegios, como estar exentos del pago del IBI, lo que entendemos les ha facilitado cerrar el año con un ahorro del 13 %”. De ahí que Mingorance no comprenda “esta cerrazón del Obispado contraria a la sensibilidad social que promulgan», y más cuando cuentan con ese beneficio fiscal gracias al Concordato con la Santa Sede, hecho que “desde nuestra organización venimos denunciado en reiteradas ocasiones, porque lo consideramos discriminatorio” con los vecinos y vecinas de Cádiz que pagan su IBI “religiosamente”.
«Como mínimo, la Iglesia debería sacar esas viviendas a alquiler», indica Mingorance, para lo que ha ofrecido la posibilidad de incorporarlas en el programa de Alquiler Justo. Con todo, la portavoz de este partido coincide con el análisis de Reflexión-Acción al considerar que «la Iglesia de Cádiz no puede ser insensible a este sufrimiento y puede hacer más de lo que hace», por lo que pidió que «contribuya a aliviar el sufrimiento de mucha gente que necesita un techo cediendo o alquilando a precios económicos estos pisos».
La responsable local recuerda que esta invitación la realizó a partir de una queja formulada por el grupo cristiano de Reflexión-Acción de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, formado por diversas organizaciones como HOAC, Justicia y Paz, Comunidades Cristianas Populares, Comunidades Laicas Marianistas y el Comité Óscar Romero de Cádiz. Estos colectivos ya denunciaron que el Obispado se niega a ceder sus pisos y edificios vacíos, como el del Seminario, a personas sin hogar, inmigrantes, refugiados o desahuciados, tal y como le llevan reclamando a esta institución desde julio del pasado año.