El presidente del PP de Cádiz y portavoz de Interior del Grupo Popular en el Senado, Antonio Sanz, defenderá en la Comisión de Interior, en su condición de senador, una moción, registrada en la Cámara Alta, para pedir al Gobierno que reconozca “de forma inmediata” a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, mediante la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y las normas que la desarrollan.
Antonio Sanz ha explicado que “los trabajadores de Instituciones Penitenciarias son funcionarios públicos que soportan una gran peligrosidad en su actividad diaria”. En este sentido, ha puesto de relieve que “este colectivo ha sufrido en los últimos años 2.200 agresiones” y ha recalcado que “si fuesen reconocidos como agentes de autoridad muchas de esas agresiones se evitarían”.
La moción del Grupo Popular también insta al Ejecutivo de Sánchez a realizar una oferta de incremento salarial al personal de Instituciones Penitenciarias mediante la reclasificación de las categorías de los centros, con el objetivo de corregir la brecha salarial que existe en la actualidad. Asimismo, la iniciativa exige la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria que garantice un incremento superior a la tasa de reposición en la plantilla del personal al servicio de Instituciones Penitenciarias.
Además, el Partido Popular solicita al Gobierno una revisión de las RPT (Relación de Puestos de Trabajo) adaptada a la realidad de los centros y el desarrollo de concursos anuales que mejoren la capacidad de movilidad del personal de Instituciones Penitenciarias. Sanz ha aclarado que “en la actualidad un 80% de los funcionarios de prisiones termina su vida laboral donde la empezaron y son escasísimas las posibilidades de promoción y movilidad horizontal”.
Para finalizar, la iniciativa de los populares que defenderá Sanz pide que se reconozca la labor de los Funcionarios de Prisiones tanto en la lucha contra el terrorismo de ETA como Yihadista y que se establezcan mejores mecanismos de prevención, protección y seguridad para los empleados de prisiones a través de un nuevo protocolo contra agresiones.