El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha manifestado su “perplejidad” al conocer a través de los medios de comunicación que, supuestamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha aceptado la querella presentada por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca) por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con los chiringuitos. Vila tilda de “cuanto menos llamativo que los medios tengan acceso a la información sobre asuntos judiciales antes que los propios interesados”. No obstante, ha comentado que desde el Equipo de Gobierno se afronta este asunto con “total tranquilidad”, ya que “hemos actuado siguiendo a pies juntillas el criterio de los técnicos”, y “nos hemos limitado a cumplir y hacer cumplir la legalidad”.
El concejal de Urbanismo ha incidido en que, al no haber tenido acceso ni a la querella ni a notificación o citación alguna por parte del juzgado, lo único que puede hacer es “intuir” que la cuestión está relacionada con los expedientes sancionadores que inició el Ayuntamiento por exceso de ocupación por parte de los chiringuitos.
Al respecto, ha explicado que “estos expedientes se iniciaron a raíz de un informe de la Delegación de Medio Ambiente que indicaba que se estaba dando un exceso de ocupación por parte de los chiringuitos. En base a esto, los técnicos de Urbanismo hicieron un informe para determinar cómo interpretaba este aspecto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), concluyendo que el propio plan establece que la ocupación máxima de estos establecimientos es 150 metros, dándose la circunstancias de que algunos empresarios duplicaban esa ocupación”.
En consecuencia, se iniciaron los correspondientes expedientes de restitución de la legalidad urbanística, pidiendo a los concesionarios que volvieran al estado inicial de 150 metros cuadrados que, además, es el que viene especificado en el pliego de condiciones por el que obtuvieron la concesión. Esos expedientes han dado la oportunidad de que los propios establecimientos presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, si bien han finalizado con la propuesta definitiva de restitución a la situación anterior y el inicio de expedientes sancionadores.
Todos los expedientes se iniciaron mediante decreto de la Delegación de Urbanismo y también tuvieron su aprobación definitiva en la Junta de Gobierno Local, con lo que “no hay sobre ellos ningún tipo de duda ni mucho menos”. Por ello, Vila ha insistido en que “estamos muy tranquilos” en la medida de que “hemos seguido el criterio de los técnicos, y no sólo de los de Urbanismo, sino también de los de Medio Ambiente y de la propia Delegación de Contratación”.
Para Vila, “este asunto no tiene ningún recorrido en la vía penal” y, en su opinión, “no es más que la presión que vienen intentando ejercer algunos empresarios para tener mejores condiciones de las que obtuvieron en el procedimiento de concurrencia competitiva”.
Asimismo, ha defendido que, por su parte, el Equipo de Gobierno ha actuado “bajo el cumplimiento exhaustivo de la legalidad urbanística y bajo el planteamiento de que la playa es un recurso no sólo para la ocupación privativa de determinados establecimientos en un orden, en un límite, sino también para un uso público y ciudadano. Y es esta ordenación de de la playa la que vamos a seguir defendiendo”, ha sentenciado.