El sindicato advierte que esta medida pondría en riesgo el actual modelo universitario andaluz y podría acarrear pérdida de empleo
Con motivo de la reunión mantenida el pasado lunes entre el Consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad y los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, y previo a este encuentro, el consejero informó en declaraciones a los medios una “probable” fusión de grados cuando estos se imparten en universidades próximas, “en las que el número de alumnos sea muy reducido y lo racional sea fusionar”. Igualmente, afirmó que «lo racional y lo sensato será fusionar esos grados, pero suministrando los recursos necesarios para que el alumnado pueda desplazarse de una ciudad a otra y los profesores a su vez estén mejor utilizados».
Ante estas declaraciones, el Secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón, reclama al consejero una aclaración sobre cuál será el futuro inmediato del sistema público universitario andaluz y del personal que desarrolla su trabajo en él.
Pues, según Alcón, “las palabras del consejero no hacen más que generar un sinfín de dudas sobre los planteamientos del Gobierno de la Junta de Andalucía con respecto a las Universidades Públicas de Andalucía, dudas que nos preocupan especialmente en el caso de los centros de la UCA en el Campo de Gibraltar y aquellas titulaciones con menos alumnos y alumnas”.
Respecto a la financiación, según el consejero, «las universidades que tengan una mayor orientación a la investigación, innovación y desarrollo van a salir favorecidas», y que el plazo para que esta financiación o recursos adicionales lleguen a las universidades ocurrirá con «un margen de tres o cuatro años», declaraciones que, para CCOO, añaden incertidumbre en el Sistema Público Universitario andaluz.
Desde CCOO se ha pedido una reunión urgente con el consejero para tratar y debatir sobre el futuro del sistema público universitario andaluz, y conocer qué ha querido plantear con sus declaraciones.
En concreto, desde el sindicato, se entiende que un nuevo modelo del sistema público universitario andaluz, que en definitiva es lo que se está planteando, merece y requiere de un consenso entre todas las partes actoras –Consejería, Universidades, Agentes Sociales y Comunidad Universitaria–, que garantice en cualquier caso, el acceso universal a las enseñanzas universitarias, que respete y mantenga las condiciones laborales de las plantillas y una suficiente y adecuada financiación, para todas las Universidades Públicas Andaluzas.
Por ello, Molina “denuncia que las medidas reseñadas por el consejero relativas a los Grados, de llevarse a cabo, podrían acarrear pérdida de empleo, pues al final sobrarían profesores y se cerrarían enseñanzas en algún centro universitario”. “La oferta universitaria no puede depender solo de la demanda, pues la Universidad cumple tanto una función social como de creación y difusión del pensamiento crítico que se podrían ver mermados», apostilla Molina.