Campo explica el impacto del paquete de decretos sociales convalidados en el Congreso del que destacan las medidas para el sector de la estiba y el Brexit
El candidato socialista al Congreso por la provincia de Cádiz, Juan Carlos Campo, ha explicado este viernes en rueda de prensa el alcance en la provincia de algunos de los reales decretos-Ley del Gobierno que han sido convalidados en el Congreso en la Diputación permanente de la que forma parte como diputado.
De los seis reales decretos, el candidato socialista ha destacado por orden de importancia en cuanto al impacto en la provincia tres fundamentalmente: la recuperación del subsidio a los desempleados mayores de 52 años, las medidas de contingencia ante un Brexit sin acuerdo y los cambios en la contratación en el sector de la estiba. Luego ya en líneas generales se ha referido también al desbloqueo para poder invertir el superávit de autonomías y ayuntamientos, “que es algo que la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación viene reclamando desde hace mucho tiempo”, así como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y no menos importante, sobre todo para la gente joven, las medidas en materia de vivienda y alquiler.
“Porque es obligación del Gobierno gobernar hasta el último minuto, el Ejecutivo socialista ha articulado de la manera en que en estos momentos es procedente y recoge la Constitución en su artículo 186, a través de los reales decretos, medidas fundamentales para la ciudadanía española y por eso es inexplicable la votación en contra y especialmente contra el del Brexit, que es una cuestión de Estado y precisamente se ha elaborado con la participación de todas las fuerzas políticas”, ha señalado.
Para Campo, “es una grave irresponsabilidad del PP en una cuestión de Estado como es el Brexit, pues no es lo que se puede esperar de un partido de Gobierno, que dé la espalda a los intereses de los españoles en el Reino Unido, que no apoye la necesidad de garantizar los flujos comerciales”.
“El Gobierno tiene la obligación de no dejar indefensos a España y a los españoles, a sus ciudadanos y a sus empresas. Estamos hablando de hasta 9.000 trabajadores que cruzan la Verja”, ha advertido recalcando que “es muy preocupante que Vox arrastre al PP a este tipo de conductas extremistas que tanto se rechazan en Europa”.
En referencia a la estiba, el diputado gaditano ha destacado que “las buenas noticias de este Gobierno alcanzan una vez más a territorios como Algeciras, pues la estiba es un sector estratégico que genera muchos puestos de trabajo en nuestros puertos”. “En Algeciras, la medida afecta a más de 1.800 familias y a mediocentenar en el puerto de Cádiz, por tanto, es un sector que requiere paz social, seguridad jurídica, eficiencia y no juegos de corto plazo a las puertas de una campaña electoral”, ha dicho.
Además ha abundado en que este decreto deviene de un mandato múltiple: “un mandato judicial, con una sentencia del Tribunal de la UE en 2014, que condena a España por una regulación inadecuada por la estiba; un mandato legal de un RDL del PP en 2017, que insta a regular el sector luego ellos mismos se votan en contra de sus propias acciones; un reciente mandato parlamentario a través de una proposición no de Leyaprobada por unanimidad en la Comisión de Fomento para regular el sector conforme a las normas de la UE, y un mandato social de la patronal del sector y de los sindicatos que piden convalidar esta ley”.
Sobre el decreto de medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleoque tiene como objetivo eliminar la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad, ha señalado que “es un paraguas para articular esa equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad”. “Y si importante es dar cobertura a esa ampliación de los permisos de paternidad, más aún lo es la decisión del Gobierno socialista de dar amparo de nuevo a los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la AGE, al incluir la recuperación de la financiación de las cuotas de ese convenio especial”, ha indicado. Para dar una idea del impacto, ha recordado que “a finales de 2011 se contabilizaban hasta 11.000 afiliados que llegaron a bajar a 300 cuando el Gobierno del PP en 2012 decidió quitarle ese derecho, ese reconocimiento”.
Considera Campo que “tampoco podía esperar más la lucha contra la precariedad laboral que nos dejó la reforma del PP y en este sentido ha anunciado que hasta3.162 desempleados mayores de 52 años en la provincia podrían solicitar el subsidio aprobado por el Gobierno”.
El paquete se completa con las medidas en materiade vivienda y alquiler porque era necesario dar una respuesta a la ciudadanía ante la problemática que para gran parte de la misma supone el no poder acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna. “La vivienda es un derecho y por eso hemos de garantizárselo cuanto antes a quienes nos demandan soluciones proporcionando mayor seguridad al inquilino, y con medidas como la creación en el plazo de 8 meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda. También recoge la promoción del alquiler con incentivos fiscales tanto a propietarios como inquilinos; se presta mayor apoyo a los grupos más vulnerables, dándose en definitiva un giro social en la política de vivienda con una sola finalidad: garantizar el derecho a la vivienda”, ha asegurado.
Y por último, en cuanto a la inversión del superávit en los ayuntamientos, ha señalado que “permitirá ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos, generará nuevos empleos” y “permitirá que los ayuntamientos sigan a la cabeza de la recuperación económica en España”.