La Comisión Informativa de Derechos Sociales y de la Ciudadanía celebrada hoy de manera previa al Pleno Extraordinario del próximo viernes con el único punto de la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas al programa Municipal “Alquiler Justo” ha admitido la alegación presentada por el Grupo Municipal Popular en la que se solicitaba que las ayudas a la persona inquilina pudieran llegar hasta el 90 por ciento y no el 80 como establecía el borrador presentado por el gobierno de Podemos y Ganar Cádiz.
El concejal Juan José Ortiz explicó sobre las alegaciones populares que un punto vital era que los inquilinos que son ayudados por el Ayuntamiento recuperaran este porcentaje que durante el último año han visto reducidas estas ayudas notablemente “sin que supiéramos muy bien los motivos. Esta medida supone restituir los derechos de los gaditanos a los que se les ayuda a pagar el alquiler –entre ellos las mujeres víctimas de los malos tratos- a las que se le concedía, como a muchas familias que no tenían ni tienen recursos suficientes, el máximo del 90 por ciento en el anterior mandato”.
Ortiz señaló que “ha tenido que ser el Grupo Popular que, entre otras cosas, es el que tiene experiencia en Cádiz de ayudas al alquiler, el que eleve este porcentaje de ayuda. Para nosotros es incomprensible que aquellos que llevan ya años hablando de situación de emergencia social no tengan la sensibilidad suficiente con las familias sin recursos de Cádiz. En vez de tanta demagogia más les valía reconocer la labor que durante años se ha llevado a cabo en la Delegación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento bajo el mandato de un gobierno del Partido Popular, por mucho que les duela”.
No aplicar la ley de subvenciones en ayudas sociales
Otra de las alegaciones que ha sido admitida por la Comisión de Derechos Sociales esta mañana es la presentada también por los populares para que a los inquilinos no se les aplique los requisitos recogidos en la Ley de Subvenciones referidos a la obligatoriedad de estar al día en el pago a la Seguridad Social y Hacienda. El Grupo Popular estimaba que la situación de muchas familias gaditanas usuarias de Servicios Sociales hacía imposible que se pudieran acoger a estas ayudas si tenían que cumplir un requisito que, evidentemente, es de muy difícil cumplimiento para aquellos que están intentando recuperarse económica y socialmente. Ortiz indicó que “es imposible que alguien pueda salir de una situación de crisis económica y social si no se le ayuda y si para ayudarle se le exige que pague lo que no puede pagar es –simplemente- condenarlo a la exclusión”.
Ortiz concluyó señalando que “esperamos que definitivamente este Equipo de Gobierno tome conciencia del problema de vivienda en Cádiz y no desprecie las medidas que la anterior Corporación tenía implementadas. El hecho de que hicieran cientos de campañas llenas de falsedades y mentiras sobre la supuesta falta de atención municipal a las familias desfavorecidas en Cádiz no debería ser impedimento para que a esta alturas se pongan a trabajar y a recuperar los derechos que estas mismas familias han perdido en este último año”.