David de la Encina, recuerda que la Diputación ha financiado en solitario durante once meses el servicio a causa del retraso en el pago de la administración autonómica
El compromiso de la Diputación con el servicio público de drogodependencia ha sido el artífice de que éste haya podido funcionar durante todo el año 2019, ya que la parte comprometida por la Junta de Andalucía para el sostenimiento del mismo ha sido abonada once meses tarde. Ante esta situación, el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha querido poner de manifiesto que la Diputación va a seguir firme en el cumplimiento de sus obligaciones con esta red pública, pero solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma que no se repita esta coyuntura, que ha generado incertidumbre en todo el colectivo de usuarios y trabajadores. “La Diputación durante once meses ha asumido todos los gastos de la drogodependencia en la provincia, sin ninguna garantía de que la Junta fuera a asumir sus obligaciones. A causa de estos incumplimientos, la Diputación ha funcionado como una financiera de la Comunidad Autónoma, por un sentido de responsabilidad con las personas usuarias”, ha explicado el diputado provincial.
En este sentido, De la Encina ha solicitado a la Junta de Andalucía “claridad” para que se normalice la situación de la Red. En primer lugar, ha pedido que se deje de manifiesto que ésta es una situación que se ha generado sólo en el último año y no se trata de una “deuda histórica” o a largo plazo como parece hacer ver la delegada del Gobierno, Ana Maestre. “Parece que la Junta está resolviendo un problema heredado, cuando la realidad es que lo que ha hecho es abonar el dinero casi un año tarde. En lugar de eso, la delegada debe explicar por qué la Junta ha generado este retraso, mostrar un compromiso firme con este servicio y su carácter público, y sobre todo, ofrecer garantías de que esta situación no se repita de cara a 2020”, ha afirmado el diputado. “Exigimos medidas concretas para garantizar la certidumbre del sistema”.
Por otra parte, De la Encina ha pedido “corresponsabilidad”, en la misma línea que manifestara hace una semana la presidenta de la Diputación, Irene García, y que los costes de este servicio, que es competencia de la Junta de Andalucía, se asuman al 50% entre ambas administraciones. Hasta el momento la Diputación viene aportando una cifra que ronda los 4 millones de euros (3.951.238 euros en 2019), mientras que la Junta de Andalucía aportó menos de dos millones (1.897.941 euros).
Con estos seis millones se sostienen 16 centros de tratamiento ambulatorio y se pagan las nóminas de un centenar de profesionales. Una red con un funcionamiento modélico y con 35 años de trayectoria, que en 2019 ha visto planear la incertidumbre sobre su continuidad.
Sus centros se ubican en Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Arcos, Barbate, Conil, Chiclana, La Línea, Puerto Real, Sanlúcar, Ubrique, Rota, Villamartín, Cádiz, El Puerto y San Fernando. También se atiende a la población penitenciaria de las prisiones de Botafuegos y Puerto II.