La portavoz de Adelante Andalucía critica que los 94 millones de euros anunciados para toda Andalucía son “o para aplicar el dinero que les ha llegado del Gobierno central o para poner en marcha incumplimientos de la propia Junta”
La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha valorado hoy la repercusión en la provincia de Cádiz de los 94 millones de euros en medidas sociales anunciados por el Gobierno de la Junta de Andalucía para paliar las consecuencias del coronavirus y ha señalado que son “claramente insuficientes y se quedan muy lejos de satisfacer las necesidades imperiosas que tiene esta provincia”.
A juicio de Nieto, las medidas que plantea el Gobierno andaluz no atienden convenientemente a la provincia de Cádiz porque “lamentablemente, muchas casas de familia ya padecían la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la precariedad antes de que azotara esta crisis sanitaria y antes de que tuviera estas repercusiones devastadoras en lo social y en lo económico”.
De esta manera, indica la portavoz de Adelante que “en primer lugar, hay que aclarar que estas medidas anunciadas a bombo y platillo, son simplemente aplicar el dinero que le ha llegado de Madrid, que la Junta de Andalucía ha puesto cero euros de dinero nuevo a disposición de quienes más lo necesitan”- Asimismo, argumenta que, “algunas de esas medidas que se anuncian como novedosas no son más que el cumplimiento de su obligación, que le veníamos reclamando de manera reiterada, como es el caso de las ayudas al alquiler, que van a pagar ahora las que corresponden a 2018 o el de la Renta Mínima de Inserción”.
Considera la responsable de Institucional de IU Andalucía que “muy poco se avanza en otras cuestiones necesarias de protección de nuestros trabajadores, del sector sanitario, pero también de servicios esenciales que están a nuestra disposición y que en la provincia de Cádiz se cuentan por miles”. Ante esta situación, “reclamamos una mayor implicación – plantea Nieto-, con un esfuerzo presupuestario propio, parta atender lo que hace falta, desde los ayuntamientos, pasando por los recursos que debe tener a su disposición la Diputación de Cádiz para ello y también, por el esfuerzo que la propia Junta de Andalucía de sus propias arcas haga, reordenando unas prioridades que ni antes de la crisis se correspondían con las necesidades de las casas de familia de los gaditanos y las gaditanas, pero que ahora en esta crisis también se están mostrando poco capaces de garantizar que este momento tan terrible se pasa en las mejores de las condiciones posibles”.
La parlamentaria andaluza por Cádiz destaca de manera especial las medidas del Gobierno andaluz en relación con la Renta Mínima de Inserción, limitadas a agilizar la tramitación de las que ya están en marcha, “lo único que está haciendo es enmendar el terrible retraso que la propia Junta venía teniendo en la tramitación de expedientes pero no se plantea agilizar nuevas solicitudes ni incrementar el presupuesto previsto para la RMI, lo que en el caso de la provincia de Cádiz, con zonas con especial vulnerabilidad, es más que previsible que empiecen a llegar solicitudes nuevas que no están contempladas es este paquete de medidas anunciado”. Añade la portavoz de Adelante que “la provincia de Cádiz tiene una debilidad económica evidente, con unas cifras de desempleo que se van a ver incrementadas a medida que pasen los días y es urgente que la Junta de Andalucía tenga contempladas desde ya medidas para ayudar a las familias a atravesar esta dura situación”. Por otro lado, aborda Nieto lo previsto en materia de garantía alimentaria, de manera que se amplía el número de beneficiarios para toda Andalucía en unas 2.800 niñas y niños, hasta llegar a los 20.000, “cuando según Save the Children, son más de 200.000 las niñas y niños en situación de pobreza severa en toda la comunidad”. “Esto significa –concluye- que tampoco podemos hablar un compromiso inversor de la Junta, puesto que de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno central fue la de transferir a las comunidades autónomas 25 millones de euros para compensar las Becas Comedor”.