La diputada socialista ha considerado que “el Ministerio trata de anticiparse a situaciones que puedan tener un alcance mayor en provincias como Cádiz por el número de ERTES presentados y donde, además, se suman problemas endémicos en algunos juzgados”
La diputada socialista por la provincia de Cádiz, Gemma Araujo, vocal en la Comisión de Justicia del Congreso, ha calificado de “necesarias” las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para evitar el colapso en los juzgados ante el previsible aumento de la litigiosidad en la provincia Cádiz por los efectos de la crisis. Araujo destaca así la importancia del decreto que permitiría dedicar temporalmente órganos judiciales a asuntos derivados de la crisis del coronavirus y que los jueces de adscripción territorial puedan ser asignados preferentemente a asuntos derivados de la pandemia.
Entre las medidas puestas en marcha por el departamento que dirige el ministro gaditano Juan Carlos Campo, Araujo subraya aquellas dirigidas a procurar una mayor diligencia como habilitar del 11 al 31 de agosto; establecer turnos de mañana y tarde para evitar aglomeraciones y contagios; la mejora del uso de sistemas de identificación y firma digital así como que los plazos procesales suspendidos por la pandemia vuelvan a contar desde cero, ampliándose, además aquellos para formalizar e interponer recursos en aras del derecho de defensa de los ciudadanos y ciudadanas. “Actos procesales que se realizarán, preferentemente, de manera telemática, y la atención al público, vía telefónica o por correo electrónico siempre que sea posible”, ha señalado.
Especial relevancia tiene, para la diputada del PSOE, la medida adoptada sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por la que “se permite que los que no alcancen los umbrales de despido colectivo se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, ya que la provincia de Cádiz es la que más expedientes de regulación temporal de empleo registra, en concreto en torno a 13.912 y más de 66.400 trabajadores afectados”.
Según Araujo, “este decreto sitúa a las personas en el centro de los procesos al dar un trato preferente a las causas por ERES y ERTE´s, custodia de menores y pensiones, despidos, moratorias de hipotecas y alquileres, así como reclamación de ayudas públicas, todas ellas vinculadas al periodo de confinamiento”.
Frente a las críticas, la parlamentaria gaditana ha aludido “al carácter perentorio y excepcional de la situación que requiere un esfuerzo por parte de todos”. Ha añadido “Todos absolutamente en esta crisis hemos tenido que hacer sacrificios, y en este sentido, es de agradecer que se anteponga el interés del justiciable a los intereses legítimos que puedan tener los operadores de la Administración de Justicia”. Por ello, “es de reconocer el esfuerzo que durante tres meses van a realizar todos estos operadores jurídicos y funcionarios para prestar un servicio público que, en estos momentos, es determinante y que pudiera producir situaciones de vulnerabilidad para que la ciudadanía vea protegidos sus derechos”, ha precisado.
Araujo ha recalcado que “con ese espíritu de diálogo y colaboración que mantiene el ministro gaditano Juan Carlos Campo con todas las Administraciones y colectivos que interviene en la Justicia, será con el que se afronten los grandes retos que tiene por delante la Administración de Justicia en general y la gaditana en particular”.