La formación política reclama medidas económicas urgentes destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes, como el adelante extraordinario de la PATRICA
Izquierda Unida ha reiterado la necesidad de que el gobierno de la Diputación de Cádiz ponga sobre la mesa con la mayor urgencia posible una serie de medidas económicas destinada a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que supondrán un importante alivio para la gestión de la crisis derivada del Covid-19.
En un escrito remitido por la portavoz provincial de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, a la presidenta de la Diputación, Irene García, IU vuelve a proponer a esta institución provincial, como ya hicieran los alcaldes de IU en el Foro de Alcaldías del pasado 21 de abril, que suscriba un crédito con una entidad bancaria que permita a la Diputación facilitar préstamos sin intereses a los municipios menores de 20.000 habitantes para combatir los efectos del coronavirus.
Asimismo, el documento que obra ya en poder de la presidenta plantea al gobierno de la Diputación que exija a la Junta de Andalucía un adelanto extraordinario a los municipios de la PATRICA (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma) “en el porcentaje que se acuerde con cada ayuntamiento a devolver en un plazo de cinco a ocho años”. Además, Izquierda Unida insiste en la necesidad de un Plan Especial de Empleo financiado entre la Diputación de Cádiz y el resto de administraciones. Por otra parte, la portavoz de Izquierda Unida pide a la Diputación que exija a la Junta de Andalucía el pago de los atrasos que mantiene con los ayuntamientos de la provincia y con la propia Diputación, así como que active a la mayor brevedad posible el Plan SIGA (de Solidaridad y Garantía Alimentaria).
La diputada provincial ha aprovechado su participación en la Junta de Portavoces celebrada este mediodía, para pedir que la Diputación efectúe con la mayor urgencia posible el reparto a los municipios de menos de 20.000 habitantes de los 650.450,54 € del Fondo Social Extraordinario habilitado por el Gobierno central para emergencia social ante el Covid-19, cuestión que según ha respondido a IU el equipo de gobierno se está trabajando en estos momentos por parte de la Diputación. Por su parte, el responsable de Política Institucional de IU Cádiz y diputado provincial por el grupo Adelante, Hugo Palomares, confía en que “la Diputación actúe con diligencia en la entrega de estos fondos que el Gobierno central ha puesto a disposición de los municipios y que ya deberían estar en las respectivas arcas municipales para poder atender las graves dificultades de los municipios de esta provincia”, apunta el también alcalde de Bornos.
La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, considera que “la situación de la provincia, ya de por sí difícil en condiciones normales, se ha visto fuertemente azotada por la parálisis provocada por la pandemia y está arrojando resultados complicados como los constatados en los datos del paro conocidos hoy, con cifras de desempleo provinciales que no se veían desde hace cuatro años, con un fuerte estancamiento en el sector servicios y con graves dificultades para pequeñas y medianas empresas; una situación que deja en una gran debilidad económica a miles de familias gaditanas”.
La diputada provincial entiende que estos datos, junto a la EPA del primer trimestre o el número de ERTEs en la provincia demuestran “la necesidad de anticiparnos a las consecuencias de la pandemia desde el consenso político, social y económico” y apunta que “en el escenario actual, ha llegado el momento de sumar a los esfuerzos que se vienen realizando desde el Gobierno de la Nación los del resto de las administraciones públicas, debemos ponernos de acuerdo en lo que de verdad preocupa a todos los gaditanos y gaditanas, porque el camino de la transición a una nueva normalidad no es fácil, la complejidad y la incertidumbre están por venir”, apunta Álvarez.
La portavoz provincial de IU ve “imprescindible que se proteja la población, tanto en el plano económico como en el social, y de forma especial a los miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo sus trabajos y sus ingresos”. “Para ello –añade-, reclamamos como medidas más inmediatas, más inversión en los servicios públicos con una política fiscal justa, muy necesaria para construir sistemas de bienestar que sean capaces de hacer frente a una crisis como esta”.