La Junta de Andalucía ha respondido a las declaraciones lanzadas desde Facua Cádiz por el desalojo en el día de ayer del local que llevan ocupando desde hace 37 años. La asociación acusó al ente autonómico de ejecutar el desalojo como «una represalia con la que intentan restar capacidad de actuación a una organización que le resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo desde la administración autonómica».
Desde la Junta de Andalucía se han puesto en contacto con este medio para aclarar que la Delegación de Empleo lleva requiriendo el desalojo del local desde 2017, cuando la administración estaba gobernada por el PSOE, ante el riesgo de desplome de cubierta en la zona concreta del inmueble que ocupa. Ya en 2015 el Ayuntamiento de Cádiz requirió que se ejecutaran obras de remodelación del edificio a su comunidad de propietarios, en la que está presente la Junta, por motivos de seguridad.
Estas obras no pueden ser ejecutadas mientras Facua siga ocupando el local, como recoge una resolución judicial que, además, avala las reformas de la Junta y refleja también que la asociación de consumidores no ostenta título jurídico alguno sobre el inmueble.
Entre las obras necesarias para garantizar la seguridad del inmueble que ejecuta la comunidad de propietarios, en la que además de la Junta existen otros otros propietarios, ya se ha ejecutado una primera fase en el exterior del inmueble a la que le faltan algunos remates y la certificación final de obra. Cuando finalice esta fase se acometería la reforma interior del inmueble, donde la administración ubicará parte de sus intalaciones, que irán destinadas a la orientación laboral a los desempleados, considerado prioritario para el ente autonómico.
Facua cuenta, además, con otro local en el que puede seguir desarrolando su actividad, situado en el número 88 de la Avenida de Andalucía, de propiedad municipal. Este espacio se ampliaría con la cesión en precario del local anexo, tal y como ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Cádiz.