La diputada provincial, Carmen Álvarez, insta al Gobierno andaluz a agilizar todos los trámites para que esta ayuda sea efectiva con la mayor urgencia posible y recuerda que “es totalmente compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central”
Izquierda Unida llevará al Pleno telemático de la Diputación de Cádiz una moción en relación al retraso que mantiene la Junta de Andalucía en la tramitación y pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una medida que según apunta la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, “nació como una apuesta por las familias vulnerables andaluzas, aunque en realidad, teniendo en cuenta los datos, ha estado muy lejos de paliar el problema de la exclusión social en nuestra comunidad y de manera especial, en la provincia de Cádiz, donde miles de familias están en una situación desesperada en espera de algún tipo de ayuda mientras no encuentran un puesto de trabajo digno”.
Apunta la portavoz de IU que, tras su puesta en marcha en enero de 2018, “muchas familias estaban esperanzadas con esta medida, pero su ilusión no llegó a hacerse realidad debido a la falta de fondos, los cambios burocráticos y la falta de personal que propiciaron que la mayoría de los solicitantes de la Renta Mínima de Inserción tuvieran que esperar periodos de más de doce meses a que se resolviese su expediente, cuando el decreto que lo regula establece sólo dos meses”. Por otro lado, lamenta Álvarez que “en los Presupuestos de 2020 aprobados por el Gobierno andaluz se ha congelado la partida económica destinada a la RMI y ya en los presupuestos anteriores, el gobierno del PP y C’s, con el apoyo de Vox, redujo en un 30% dicha partida”.
La diputada considera que, “las evidencias demuestran que la gestión de la Junta de Andalucía ha sido muy deficiente, tanto por el anterior gobierno de la Junta como por el actual”. A este hecho, Álvarez apunta que hay que sumar las dificultades administrativas actuales derivadas de la pandemia de la Covid19, que han llevado a empeorar aún más las dificultades de las familias; “en el mismo comienzo del procedimiento, donde encontramos el primer gran problema: la dificultad de contactar con los asistentes y trabajadores sociales. A las familias les lleva semanas que les contesten el teléfono, y ese primer contacto se convierte en muchas oficinas en misión imposible”.
Ante esta realidad, la moción de IU propone al Pleno provincial que inste a la Junta de Andalucía a “aprobar todas las solicitudes pendientes a 31 de enero de 2020, considerando a todas las familias en emergencia o urgencia social, sin distinción, apelando, además de las múltiples irregularidades legales en las que hasta ahora ha incurrido, al art. 4.6 del Decreto-Ley 3/2017 de 19 de diciembre, donde se define como emergencia social la atención inmediata a personas o grupos de personas por situaciones de crisis social, catástrofes, accidentes u otras circunstancias similares, por lo que declarada formalmente la pandemia y la crisis sanitaria por la Covid-19, todas las familias solicitantes se convierten en casos de emergencia social, aunque no entrasen como tal en el momento de la solicitud”.
Plantea IU que se inicien a la mayor brevedad posible, si aún no se han hecho, los trámites para realizar los convenios de colaboración con los ayuntamientos de la provincia y la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la verificación, por medios telemáticos, de determinadas situaciones que hasta la fecha se realizan mediante la presentación de documentación por el solicitante. Asimismo, propone que se dote de los recursos necesarios a los ayuntamientos de la provincia para garantizar el traslado de solicitudes que llegan a través de los Servicios Sociales Comunitarios dentro del mismo mes que éstas son recepcionadas, que se dote de la formación necesaria a estos equipos, así como de la asistencia administrativa necesaria para las personas solicitantes.
“Desde Izquierda Unida entendemos que las trabas burocráticas a las que se enfrentan las familias solicitantes, los retrasos en su concesión y pago, y la decisión política de no dotar de recursos presupuestarios suficientes para atender a todas las andaluzas y andaluces que se encuentran en riesgo de pobreza, no sólo son contrarias al Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino que son un grave error en términos de política económica y justicia social”, afirma la diputada provincial de IU Cádiz.
Para concluir, Álvarez confía en que el “rumor” de que la Junta de Andalucía piensa eliminar la RMI a las personas que soliciten el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno, “quede únicamente en eso, en un rumor, ya que como sabe el Gobierno andaluz, ambas ayudas son compatibles y no excluyentes. De cualquier modo, estaremos atentos”, puntualiza.