El estado de alarma ha retrasado los últimos trámites de esta norma para la agilización de los abonos, que ya se podrá aplicar en los próximos pagos a abogados y procuradores
El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado hoy que en este mismo mes «se llevará la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita al Consejo de Gobierno para su aprobación», lo que significa que los próximos pagos, que corresponden al segundo trimestre de este año, ya se harán con la aplicación de esta nueva normativa.
En comisión parlamentaria, Marín ha detallado toda la tramitación administrativa de esta modificación normativa, que ya cuenta con los preceptivos informes de la Secretaria General para la Administración Pública, la Dirección General de Presupuestos, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, último trámite antes de elevarlo al Consejo de Gobierno.
Así, ha explicado que si bien el procedimiento normativo del Reglamento «no ha quedado suspendido en su tramitación durante el estado de alarma, es cierto que algunos trámites habrían sufrido alguna demora como consecuencia de la necesidad de atender de forma prioritaria a los servicios públicos que fueron declarados esenciales». Entre estos servicios se incluyeron «la gestión de los pagos de las compensaciones por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita».
Pese a ello, Marín ha afirmado que «se prevé su aplicación al pago de las compensaciones correspondientes al segundo trimestre de este ejercicio presupuestario 2020″.
Este nuevo Reglamento va a permitir, entre sus novedades, «simplificar y agilizar la tramitación del abono de las compensaciones económicas por los servicios de asistencia jurídica gratuita». De esta forma, la modificación que se va a aprobar va a modificar «los trámites de gestión en las fases de autorización y de compromiso o disposición del gasto». Esto supone que, en lugar de proceder a la suspensión de todo el pago hasta que se produzcan las subsanaciones de aquellas certificaciones incorrectas o incompletas, con el nuevo Reglamento «se va a permitir la tramitación separada de las actuaciones que hayan sido verificadas de conformidad y de aquellas que vayan siendo subsanadas por los colegios profesionales».
«Esta simplificación del procedimiento, que no resta ni merma las garantías de su control o fiscalización previos, permite agilizar la gestión de las obligaciones y como consecuencia una disminución en los tiempos de abono de las diferentes compensaciones económicas, puesto que se irán pagando conforme a las certificaciones correctas», ha asegurado Marín, aunque ha incidido en que la Consejería ha logrado reducir «el pago medio a 62-63 días, frente a los 90 en la anterior legislatura«.
Otra de las ventajas del nuevo Reglamento es que se van a determinar los módulos y bases que son utilizados para calcular la compensación que corresponde a los profesionales por las actuaciones realizadas, por lo que dichos los mismos pasaran a tener consideración como acto administrativo. Esto permitirá acelerar el procedimiento.
Por último, se modifica y se establece en el 8% el límite máximo para el cálculo de la compensación económica que reciben los colegios profesionales por los gastos de funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita. De esta forma, se adapta la normativa a lo ya recogido en la Ley de Presupuestos, «manteniendo el compromiso de poder recoger en los próximos presupuestos una subida al 10%«.