El grupo provincial presentará mañana esta moción al Pleno de Diputación para que el Gobierno cambie la normativa y se pueden beneficiar de esta medida las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, como Sanlúcar, La Línea, Barbate y Tarifa, hasta ahora excluidas
El grupo provincial Adelante Cádiz presentará mañana en el Pleno de la Diputación Provincial una moción para instar al Gobierno central a que modifique la convocatoria de 2020 y sucesivas de los requisitos de acceso a las ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a fin de que municipios como Tarifa, La Línea, Sanlúcar, Conil o Barbate, puedan ser beneficiarios de las subvenciones a cargo del fondo regulado, por su elevado índice de criminalidad, la afección a la salud pública o a la imagen del municipio.
Esta propuesta ya fue planteada por Adelante en el pleno provincial que quedó suspendido por el primer decreto de estado de alarma pero “creemos necesario mantenerla y traerla a su aprobación porque es un problema estructural y porque, ni siquiera con la crisis sanitaria y económica provocadas por el COVID19, el tráfico ilícito de drogas ha parado ni en el Campo de Gibraltar ni en las zonas costeras de nuestra provincia”. Prueba de ello es la última operación policial en La Línea en ‘Villa Narco’ que ha acabado con la detención de 63 personas que blanquearon 35 millones de euros.
Adelante Cádiz recoge una propuesta de Adelante Tarifa con cuyos representantes se han reunido los diputados provinciales de Adelante Cádiz, Lorena Garrón y Antonio Romero para conocer en profundidad la realidad de la problemática. En este sentido, Romero ha recordado que la Ley 17/2003, de 29 de mayo que regula el ‘Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados’ contempla una línea de subvenciones para la prevención de drogodependencias. Ese fondo se nutre de los bienes, efectos e instrumentos que son objeto de comiso y de lo obtenido por aplicación de las sanciones y otras disposiciones normativas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Así, mediante la concesión de estas ayudas, los municipios beneficiarios pueden desarrollar programas de prevención del consumo de drogas y de reducción de riesgos en menores y jóvenes, como por ejemplo, programas de prevención familiar; programas de prevención ambiental o estructural; programas de ocio alternativo al consumo de sustancias con potencial adictivo; programas de reducción de riesgos en contextos de ocio nocturno; programas de prevención socio educativos para menores vulnerables o programas de prevención comunitaria.
Sin embargo, como ha explicado Romero, “la legislación señala que sólo podrán acceder a esos fondos las capitales de provincia y las localidades de más de 100.00 habitantes, cuando en nuestra provincia tenemos municipios que padecen unas circunstancias condicionadas al narcotráfico, como es el caso de Tarifa, Barbate, La Línea o Sanlúcar, y quedan excluidos cuando serían los más interesados en acogerse a esta línea de subvenciones”.
Así las cosas, “trasladamos una demanda para que desde la Diputación Provincial instemos al Gobierno a que cambie la legislación para que municipios enormemente perjudicados por el narcotráfico puedan transformar su realidad con estos programas. No sólo necesitan más efectivos policiales, que también, sino oportunidades como ésta para poder transformar su realidad”.