Bravo celebra que “el Congreso de los Diputados haya convalidado el Real Decreto Ley para la reactivación económica que haga frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda, se facilita, así, la colaboración público-privada sobre el ‘derecho de superficie’ para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social”
La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eva Bravo, ha comunicado que “esta semana el Congreso de los Diputados ha vuelto a respaldar de forma clara una nueva fórmula jurídica establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda”. En efecto, ha quedado convalidado el RDL 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda que establece, entre otras importantes medidas, una nueva regulación del denominado ‘derecho de superficie’, también conocido como ‘concesión demanial’, para la promoción del alquiler asequible o social mediante la colaboración entre administraciones públicas y la iniciativa privada.
“Dicho ‘derecho de superficie’ establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas, titulares de parcelas o terrenos sin uso específico, puedan conveniar con el sector privado para que promotores privados construyan sobre ellas viviendas de carácter social”, ha indicado Bravo.
Siguiendo con su argumentación, la diputada ha resaltado que “la novedad consiste en que ahora la norma determina que, en estos casos, no sea preceptiva la existencia de un canon a abonar a la Administración, estableciéndose simplemente una obligación al superficiario por la cual deberá ofrecer las viviendas que sobre estos solares construya en régimen de alquiler, con rentas asequibles o sociales, que en todo caso serán limitadas”.
“Esta novedosa fórmula no supone ningún menoscabo al patrimonio público, ya que vencido el plazo de concesión, que puede durar hasta 80 años, se resolverá automáticamente el contrato, y tanto la superficie cedida como las viviendas construidas sobre la misma pasarían a integrar de nuevo el patrimonio de la Administración superficiante o cedente”, ha resaltado la diputada por Cádiz.
“Lo que pretendemos con esta nueva regulación legal es, en primer lugar, aumentar las posibilidades de que las familias puedan acceder a una vivienda, cumpliendo así con la función social de la vivienda que establece nuestra Constitución”, ha aseverado Bravo. Además, “conseguimos dinamizar la economía, generar expectativas al sector inversor e ir generando un parque público de vivienda que actualmente es insuficiente y que ha ido a menos por determinadas políticas desarrolladas en el pasado reciente”. Dicho de otra forma, ha advertido, “mientras con el Gobierno de Mariano Rajoy se malvendían las viviendas sociales a los fondos buitres, el Gobierno de Pedro Sánchez establece normas justas y equitativas que favorecen a todas las partes y que permiten un aumento del parque público de viviendas”.
Ha concluido, “sin duda, esta nueva medida ayudará a crear empleo y a reactivar el sector de la construcción, permitirá un incremento del parque de viviendas de alquiler social y beneficiará a los ciudadanos que encuentran dificultades para encontrar una vivienda, ya que podrán acceder a una vivienda digna a un precio asequible”.