La institución provincial mantiene el calendario de anticipos diseñado en enero, pese a la irrupción de la pandemia y sus consecuencias en la liquidación de impuestos
La Diputación de Cádiz, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, ha transferido a ayuntamientos y entidades locales 210.175.417 euros entre el 1 de enero y el 31 de julio del actual ejercicio. Este importe corresponde a los anticipos a cuenta de la recaudación de los municipios que encomiendan a Diputación la gestión de sus impuestos, tasas e ingresos de derecho público. En la actualidad más de 40 ayuntamientos gaditanos delegan esta facultad en la institución provincial a través de convenios específicos. El importe ya transferido supera en más de 2,2 millones de euros- la cifra que se anticipó en el mismo periodo del año 2019.
En enero, el Servicio Provincial de Recaudación calcula el importe anual de los ingresos tributarios de cada localidad; el resultado de esa estimación se divide en 12 mensualidades que Diputación adelanta. Es decir, aporta liquidez a las arcas de cada ayuntamiento antes de que los ciudadanos liquiden sus impuestos, conforme a los calendarios fiscales de sus respectivos municipios.
Esos anticipos, mientras no se liquidan los diferentes tributos, se financian con fondos propios de la institución provincial más varias operaciones de crédito que Diputación concierta con bancos y cajas. Y estamos afrontando un esfuerzo considerable al mantener las estimaciones de primeros de año, pese a los retrasos en los periodos de cobro de las principales figuras tributarias a tenor de la crisis sanitaria, afirma el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix. Tras la irrupción de la pandemia el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria estableció medidas para facilitar las obligaciones de los contribuyentes, como es el caso de la ampliación de los periodos de pago.
El mantenimiento del calendario de anticipos que se estimó en enero sigue la tendencia que Diputación ha cumplido desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma: procurar liquidez a los ayuntamientos para atender las nuevas necesidades que se requieren, sin olvidar sus obligaciones económicas y la promoción de inversiones. Así, el conjunto de programas de emergencia social e iniciativas para crear empleo, movilizado por el gobierno que preside Irene García frente al COVID-19, supera los 27 millones de euros.