La futura Ley forma parte de un completo marco de acción en materia de vivienda, en el que se incluye el “Plan 20.000”, entre otras medidas en favor de una oferta en alquiler a precios asequibles
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado la apertura del trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, un nuevo marco legislativo que ofrecerá cobertura jurídica y protección a la vivienda social y protegida, entendiéndola como un instrumento clave de la acción pública en favor del derecho a la vivienda.
Ábalos ha recordado que, desde su llegada al Ministerio, la Agenda Urbana y la Vivienda “son una prioridad y que se verían reforzadas dentro de nuestras prioridades políticas”, dado que en los últimos años “ha sido abandonada o, incluso, se daba una auténtica marcha atrás con, por ejemplo, operaciones de venta de vivienda social a fondos que anulaban su carácter social y perjudicaban a muchas personas en una situación vulnerable”.
Por ello, el ministro ha concluido que “esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer autocrítica como país y dar una vuelta profunda a la cuestión de la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos hoy derivan de decisiones que se tomaron hace años o décadas”.
La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda
En este sentido, la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda responde a la necesidad de dotar al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio efectivo en todo el territorio.
Esta apertura de la consulta pública previa, invita a asociaciones representativas, colectivos sociales, agentes públicos y privados y al conjunto de la sociedad a formular aportaciones al contenido de una ley, entre cuyos objetivos destacan los siguientes:
- Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.
- Blindaje de la función social de la vivienda.
- Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda.
- Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.
- Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.
- Transparencia e información en las operaciones inmobiliarias de vivienda.
Asimismo, la futura ley forma parte de un marco de acción en materia de vivienda que, entre otras metas, persigue ampliar la oferta de vivienda social en España, sumándose al desarrollo de varias medidas que el Ministerio está implementando y en las que está trabajando, como, por ejemplo:
- El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
- El Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible.
- Las medidas orientadas a crear un entorno favorable para la promoción de vivienda en alquiler a precios asequibles.
- El Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible.
- El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE
Además, va en la línea ya marcada por todas las medidas que se han implementado en estos meses como consecuencia del coronavirus, protegiendo y haciendo posible que los ciudadanos no vean menoscabado su acceso a una vivienda digna y adecuada.
Nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social
Este anuncio se ha realizado en el acto de presentación, celebrado hoy en la sede del Ministerio, del nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social del Observatorio de Vivienda y Suelo, cuyos datos ofrecen la información más relevante de que se dispone actualmente en la materia y en el que se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en favor de la vivienda social, entendida como aquella vivienda en régimen de alquiler de precio limitado de titularidad pública o de entidades especializadas del tercer sector, dirigida a personas y hogares con dificultades de acceso a una vivienda en el mercado.
La vivienda social constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España, en contraste con los principales países europeos, al haber estado centrada la producción de vivienda protegida en nuestro país en las promociones destinadas a la venta.
Por su parte, el nuevo “Boletín Especial Vivienda Social 2020” recoge información aportada por las distintas CCAA y principales ayuntamientos, así como datos del Ministerio de Hacienda, de la oficina estadística europea Eurostat, entre otras fuentes de información, para dar a conocer la situación de la vivienda social en nuestro país.
El nuevo Boletín se estructura en tres capítulos:
- “La actividad de la vivienda protegida en España (1981-2019)”, recoge datos sobre la evolución de la promoción de vivienda protegida sobre el total de vivienda construida, sus cifras en relación con la población y los hogares, así como los diferentes regímenes de tenencia a los que se ha destinado y los tipos de promotor.
- “El parque de vivienda social”, hace un balance de la situación en España en comparación con el resto de países de la Unión Europea y analiza el parque de vivienda social disponible, en base a la información facilitada al Departamento por CCAA y ayuntamientos.
- “La inversión en políticas de vivienda”, estudia su evolución a escala europea, así como a nivel estatal, presentando las cuantías presupuestarias destinadas a políticas públicas de vivienda a nivel autonómico y municipal.
Datos que ofrece el nuevo Boletín
Entre los datos más significativos del Boletín Especial se encuentra la estimación del parque de vivienda social de titularidad pública existente en nuestro país, que está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales. De ellas, 180.000 son de titularidad de las CCAA y otras 110.000 viviendas son de titularidad municipal.
Se trata de una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019, como consecuencia de que tales viviendas protegidas han sido destinadas de manera mayoritaria a la venta, teniendo muy escaso peso la promoción de vivienda pública destinada al alquiler.
En lo que tiene que ver con la inversión en políticas de vivienda, se señala que el gasto en promoción de vivienda y fomento de la edificación se situó en España en 0,22% respecto al PIB, lo que supone estar cerca del conjunto de la UE, situada en 0,25%. No obstante, este gasto se ha destinado a promover vivienda pública con diversas formas de tenencia: compraventa, alquiler o alquiler con opción a compra, pero no solo al alquiler social o asequible, como ha ocurrido mayoritariamente en un gran número de los países de la UE.
Finalmente, el Boletín Especial recoge datos desagregados por CCAA y Ayuntamientos de la inversión presupuestaria destinada a políticas de vivienda, que alcanzó en 2019 los 2.297,4 millones de euros, superando así la media anual del conjunto del periodo 2010-2019, situada en 1.933,9 millones de euros.