Velasco apuesta por poner en marcha, desde el consenso, actuaciones a corto y medio plazo que den mayor homogeneidad y refuercen el modelo, uno de los más económicos
El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha presentado el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el sistema universitario público andaluz, en el que se proponen una batería de medidas para mejorar su eficiencia y eficacia. El estudio servirá de base para establecer actuaciones a corto y medio plazo que doten de mayor homogeneidad y refuercen el actual sistema y que orienten las acciones ya iniciadas por el Ejecutivo autonómico en materia de financiación y de ordenación de titulaciones.
Velasco ha remarcado que este documento concluye que Andalucía dispone de «un sistema universitario público sólido, que no está en riesgo y que tiene solvencia financiera suficiente». De hecho, según este informe Andalucía es la comunidad autónoma que más gasta en educación universitaria respecto a su PIB, concretamente el 1,11% en 2019 frente al 0,78% de media nacional. Sin embargo, ha apuntado que existe margen de mejora en una serie de aspectos como «el modelo de financiación, la oferta académica, el sistema de becas para reforzar la equidad social, la transparencia en los datos, el personal o la captación de financiación complementaria».
En la mayoría de estos campos, el consejero de Transformación Económica ha señalado que su departamento ya viene trabajando desde el inicio de la legislatura, como es el caso del modelo de financiación o el decreto de enseñanzas. Además, ha destacado que se ha constituido una comisión técnica para la armonización de parámetros y criterios del sistema público universitario, en el que están representados todos los rectores. Este instrumento supondrá «un avance en la armonización de cuestiones como la estructura de órganos de gobierno o la minoración de carga docente y la homologación de créditos», ha aclarado para añadir que «permitirá también abordar cuestiones tan importantes como la tasa de abandono o repensar el sistema de becas para mejorar la equidad social».
Velasco ha indicado que, junto a estas líneas de actuación ya abiertas, también es necesario «dotar de mayor transparencia en la disponibilidad de datos y seguir reforzando la I+D+i, una de las apuestas de este Gobierno desde el principio de la legislatura».
El consejero Rogelio Velasco ya ha trasladado a los rectores el documento en una reunión mantenida con el fin de que puedan ahora analizarlo y poder así avanzar desde el consenso en la mejora del sistema.
Cinco ámbitos de análisis
El informe de la AIReF analiza cinco ámbitos: gobernanza y financiación; igualdad de oportunidades y precios públicos; oferta y demanda de las enseñanzas universitarias, empleabilidad e inserción laboral; actividad investigadora, especialización e impacto, y resultados de eficiencia y posición en los ránkings.
En materia de gobernanza y financiación, se pone en evidencia que no se cuenta con un modelo de financiación para las universidades públicas de Andalucía, limitándose el marco temporal a la vigencia anual del presupuesto. A juicio de la AIReF, esto es indicador de la precariedad y la estrechez que identifica la autonomía financiera de las universidades andaluzas. Por ello, Velasco ha indicado que desde la Junta se trabaja para «avanzar en un nuevo modelo de financiación capaz de mejorar la eficiencia del actual sistema, que se caracteriza por ser uno de los más baratos del país».
En el apartado de igualdad de oportunidades y precios públicos, el titular de Transformación Económica ha asegurado que el estudio pone de manifiesto que los precios públicos universitarios, competencia de la Conferencia General de Política Universitaria, no están definidos por criterios objetivos, ya que no tienen en cuenta los costes, la eficiencia o la calidad de la enseñanza. Andalucía cuenta con los precios más bajos, de forma que los usuarios solo aportan el 4,7% de la financiación de las universidades, frente al 10,2% del sistema español.
En materia de oferta y demanda de enseñanzas universitarias e inserción laboral, el estudio explicita que en la comunidad no se ha abordado la racionalidad y viabilidad de la oferta de grados desde 2001, a pesar de la disminución de la población potencial de estudiar en la universidad (18-24 años), el aumento del número de grados un 56,5% desde 2002 y la reducción de la demanda un 16,5%.
Por otro lado, Rogelio Velasco ha llamado la atención sobre «el amplio desajuste existente entre oferta y demanda de plazas e inserción laboral». De hecho, 21 de las 32 titulaciones más ofertadas registran tasas de evaluación y de rendimiento académico inferiores a la media de España. Otras de las conclusiones recogidas en este documento establecen que una misma titulación presenta unos indicadores muy diferentes de inserción laboral según la universidad, poniendo el acento en la tasa de abandono en Andalucía.
Actividad investigadora, eficacia del gasto y posición de rankings
Andalucía es la tercera comunidad con mayor producción científica asociada a la universidad pero produce menos documentos científicos por profesor con respecto a la media del conjunto del sistema nacional.
Por otro lado, casi todas las universidades andaluzas aparecen posicionadas en los rankings globales y reciben mayor valoración las que tienen mayor capacidad investigadora y mayor capacidad productiva.
Diez universidades, más de 240.000 alumnos y 1.800 grupos de investigación
El sistema universitario público andaluz es el de mayor dimensión académica y mayor extensión y presencia territorial del país. Se compone de diez universidades y 32 campus y se caracteriza por tener más de 240.0000 alumnos matriculados al año, unos 30.000 egresados cada curso, el 21% del conjunto nacional, y un personal docente e investigador y de administración y servicios que asciende a 30.000 personas.
La oferta académica se contabiliza en 1.129 titulaciones (grados, másteres y doctorados) y la actividad científica vinculada a las universidades está desarrollada por 1.800 grupos de investigación, cuya producción convierte a Andalucía en el tercer sistema, por detrás del catalán y madrileño, con más del 16% de las publicaciones realizadas entre 2008-2017.