Araceli Maese pide más información y un órgano de coordinación provincial para administrar el estado de alarma y reclama a Moreno Bonilla que complemente con la Renta Mínima al Ingreso Mínimo Vital
La diputada en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha ofrecido una rueda de prensa hoy en la que ha llamado la atención sobre varias cuestiones relativas a políticas sociales de la Junta de Andalucía que adquieren una mayor relevancia en este tiempo en que se recrudece la situación económica por los efectos de la COVID y hay que tratar de atender a las familias que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.
Así para empezar, en la provincia andaluza con más desempleo resulta que la Junta de Andalucía se ha permitido el lujo de recortar a la mitad los fondos destinados al programa de acciones experimentales para la inserción laboral de jóvenes. En la provincia de Cádiz, según denuncia Maese, se ha pasado de 2.092.800 euros a 1.056.000 euros. “Estas subvenciones, gestionadas por las administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro, están destinadas en su mayoría a jóvenes y personas en riesgo de exclusión social”, explica, al tiempo que se pregunta “qué va a pasar este año con colectivos que suelen solicitar estas ayudas como Nuevo Hogar Betania en La Línea, la Federación Gaditana de Personas con discapacidad física FEGADI o la Mancomunidad de la Janda”.
La diputada recuerda que la última convocatoria del anterior Gobierno socialista ascendió a 12 millones de euros, mientras que la del PP y Ciudadanos- que se acaba de publicar en el BOJA- recoge solo 6 millones, “demostrando poco compromise con un tema tan sensible”. “El gobierno de las derechas no sacó en 2019 ninguna convocatoria, pese a que dejaron sin ejecutar 522 millones de euros para políticas de empleo en el presupuesto” ha apuntado.
En segundo lugar, la parlamentaria andaluza se ha referido a las ayudas al alquiler que la Junta tiene paralizadas, mientras que el Gobierno central acaba de cerrar el plazo para solicitar ayudas al alquiler con motivo del COVID. En lo que respecta a las ayudas al alquiler por parte del Gobierno, cabe recordar que a la provincia de Cádiz le han correspondido 5,67 millones de euros con cargo al fondo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que el Ministerio ha puesto en marcha. Unas ayudas que los gaditanos y gaditanas han podido solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020 y que tendrán carácter retroactivo desde el 1 de abril. En estos momentos además se debate en el seno del Gobierno limitar el precio del alquiler, “algo que desde el PSOE pensamos que debe incluirse en la próxima Ley de Vivienda para proporcionar seguridad jurídica”.
“Mientras vemos cómo el Gobierno de España responde con un paquete de ayudas sociales, tenemos a la Junta mareando la perdiz”, se ha lamentado, para anunciar que el PSOE ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la JUNTA aclare qué ha pasado con las ayudas al alquiler de la vivienda para familias vulnerables de Cádiz, convocadas en 2018 y que aún no han pagado en su totalidad. La parlamentaria socialista ha expresado su preocupación ya que hay muchas familias gaditanas aún por cobrar esa ayuda de las 1.200 solicitudes que se presentaron, siendo una ayuda de 2018.
“Nos gustaría que la derecha en Andalucía también pegase un giro para resituar las prioridades y no cerrar los ojos a la dura realidad social que viven muchas familias”, ha subrayado. Y en este sentido, ha realizado una petición clara al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla para que no se paralicen las ayudas de la Renta Mínima andaluza que es absolutamente compatible con el Ingreso Mínimo Vital.
Ante el aluvión de solicitudes del Ingreso Mínimo, casi 42.000 de momento en la provincial, lo que ha obligado a la contratación de interinos en el INSS para resolver expedientes, Araceli Maese considera que la Renta Mínima andaluza de la Junta de Andalucía podría servir de colchón mientras no se resuelven todas esas solicitudes de la ayuda estatal.
“En esta crisis, aunque tenemos ese gran cinturón social procurado desde el Gobierno de España para que nadie se quede atrás, también ayudaría mucho que la Junta de Andalucía reactivase la Renta Mínima, que es de su competencia, pues había asignada una partida de 140 millones de euros para apoyar a unos 15.000 andaluces que actualmente la tienen concedida”, ha insistido.