La Junta de Andalucía ha querido responder a las declaraciones vertidas por el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, , Ignacio Romaní, en las que criticaba la dejadez de la administración autonómica durante años con la clausura del cementerio de San José.
Para ello han hecho público un comunicado en el que recuerdan que la situación se ha mantenido bloqueada durante años porque desde el Ayuntamiento de Cádiz no se garantizaban los derechos derivados de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales quiere mostrar su sorpresa e indignación por las declaraciones del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su portavoz Ignacio Romaní, en torno a la clausura del cementerio municipal, dado que fue el equipo de gobierno al que pertenecía el que, bien por desidia, bien por que la Memoria Democrática no está entre sus prioridades, no movió un dedo para que se desbloqueara la situación.
Efectivamente, el Decreto 95/2001 de 3 de abril sobre Policía Sanitaria Mortuoria sigue siendo el mismo; lo que Romaní, a sabiendas, obvia, es que en virtud de dicha normativa el Ayuntamiento con el PP al frente no resolvió los procesos, de competencia exclusivamente municipal, para garantizar los derechos derivados de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Esto es un hecho que bien conocen los colectivos de Memoria Histórica y Bebés Robados, a los que el entonces equipo municipal intentó llevar a confusión y fue esta Delegación, tanto a través de sus técnicos, como de los delegados entonces en el cargo, los que atendieron rigurosa y verazmente sus dudas e inquietudes.
En este sentido, conviene recordar, que no sólo Miriam Alconchel, sino también su predecesor, Ángel Acuña, y el actual delegado, Manuel Herrera, han tenido que dar explicaciones a los citados colectivos sobre la actitud de bloqueo del Ayuntamiento, dado que desde el 31 de octubre de 2013, se estaba esperando, a requerimiento de esta Delegación y a través de un escrito a la entonces alcaldesa, Teófila Martínez, a que el Consistorio resolviera la totalidad de las alegaciones y solicitudes de exhumación.
Los citados requerimientos, acordes, como se ha dicho a normativa, han sido iguales para el anterior equipo de gobierno como para el actual. Aquel al que pertenecía Romaní, en lugar de a trabajar, se dedicó a mentir descaradamente a las asociaciones y a la opinión pública sobre el papel de la Junta en este proceso, en un ejercicio de sectarismo político que sólo hacía dañar la profesionalidad de los técnicos autonómicos, que se limitaban a hacer su trabajo aplicando estrictamente la normativa.
La resolución firmada esta semana por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales dependía, además de los trámites anteriormente mencionados, a la atención de una serie de plazos y demás procesos preceptuados por el reglamento autonómico de Policía Sanitaria Mortuoria. Asimismo, la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta ha constatado que los trabajos de localización y exhumación de fosas se acometen en coordinación con la Consejería de Cultura y en estricto cumplimiento de lo ordenado por la normativa de memoria histórica y protocolos de trabajo de aplicación.
Conviene recordar que la clausura definitiva del cementerio es responsabilidad municipal; con la firma de esta semana ha culminado el proceso por parte de la Junta de Andalucía, este es, resolver la autorización para que el Ayuntamiento, a partir de ahora acometa lo que es de su competencia.