Adelante Izquierda Gaditana cuestiona la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz tras la difusión de datos municipales sobre nuevas altas y auxiliares, y asegura que existen más de 600 personas en lista de espera sin que el comité haya recibido información detallada
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha denunciado este martes falta de transparencia en la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz y ha asegurado que más de 600 personas continúan en lista de espera para acceder a esta prestación, algunas desde hace más de un año.
La formación responde así a los datos difundidos por el teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, sobre el número de nuevas altas registradas desde agosto del pasado año y el incremento de auxiliares incorporadas al servicio. Según Adelante, esa información no ha sido trasladada previamente al comité del servicio.
La portavoz adjunta del grupo, Helena Fernández, ha criticado que el Ayuntamiento hiciera públicos esos datos coincidiendo con una concentración del colectivo celebrada este lunes ante la Delegación de Asuntos Sociales, en la calle Isabel La Católica. En esa protesta se reclamó la municipalización del servicio y mayor transparencia en la gestión.
Fernández sostiene que los datos relativos a nuevas incorporaciones deben comunicarse al comité y afirma que no se les ha facilitado copia de los contratos realizados por la empresa concesionaria, Óbolo. Según indica, existe una resolución de la Inspección de Trabajo que obliga a informar de estas contrataciones a la representación laboral.
“Existe una obligación de informar al comité”, ha señalado la edil, quien considera que la difusión de cifras a los medios sin ese trámite previo supone una falta de transparencia en la gestión del servicio.
El servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz está gestionado por una empresa concesionaria y depende del área municipal de Asuntos Sociales. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha informado de un aumento en el número de personas atendidas y de refuerzos en la plantilla, aunque no ha detallado públicamente el volumen actual de la lista de espera.
Adelante pone el foco precisamente en ese punto. Según sus datos, más de 600 personas permanecen pendientes de recibir la prestación, y parte de ellas acumulan más de un año de espera. La formación también alude a reclamaciones presentadas por personas usuarias, sin concretar su número.
La portavoz adjunta cuestiona además el control municipal sobre la empresa adjudicataria. “¿Está realmente fiscalizando el trabajo de la empresa?”, plantea Fernández, quien considera que la labor del Ayuntamiento debe ir más allá de difundir cifras y debe incluir la supervisión del cumplimiento del contrato, las condiciones laborales de la plantilla y la atención efectiva a las personas beneficiarias.
La formación insiste en que la existencia de una lista de espera amplia condiciona la valoración de los datos ofrecidos por el equipo de Gobierno y reitera su propuesta de municipalizar el servicio, una reivindicación que ya ha planteado en anteriores ocasiones.
