La Delegación recuerda que cualquier tipo de agresión contra el personal sanitario está tipificado como delito
Un episodio de violencia registrado en el Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar a finales de la pasada semana obligó al Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra a activar el Plan de Prevención y Atención de Agresiones con el que cuenta el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) desde 2020 para sus profesionales.
En concreto, una médica del mencionado centro sufrió una agresión física y verbal por parte del acompañante de una paciente; desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área se pusieron en contacto con ella en cuanto tuvieron constancia del caso para ofrecerle asistencia tanto jurídica como psicológica.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo se ha sumado al Área en la condena de estos hechos y en el apoyo a esta profesional y a sus compañeros, al tiempo que ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
De hecho, el Área cuenta con sentencias recientes favorables a profesionales que han sufrido agresiones físicas: entre otras, una condena de un año de prisión por un episodio violento en el Centro de Salud de Trebujena y otra de ocho meses en el caso por otro en el centro jerezano de Las Delicias, ambas por un delito de atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones.
Además, entre las medidas puestas en marcha por la Consejería de Salud y Consumo en defensa de los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una de las más importantes será la aprobación del Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, cuya finalidad principal es erradicar las agresiones contemplando un conjunto de acciones para su protección jurídica y material, así como actuaciones de apoyo. En esta línea, la Consejería establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA con sanciones económicas proporcionadas al daño causado.
Asimismo, dentro del Plan de Prevención de Agresiones se recoge la creación de un Observatorio de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra esta lacra.
También en el marco de este plan, la Delegación Territorial de Salud y Consumo preside la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, cuya última reunión se celebró el pasado mes de mayo; este instrumento pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.