AIG cifra en hasta tres años el retraso de la Ciudad de la Justicia de Cádiz por el cambio de financiación

La formación reclama a la Junta un calendario vinculante para la Ciudad de la Justicia de Cádiz y sostiene que el abandono del modelo privado obligará a rehacer parte del trabajo realizado

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha reclamado a la Consejería de Justicia un calendario actualizado y vinculante para la Ciudad de la Justicia de Cádiz después de que, según la formación, la Junta de Andalucía haya abandonado la fórmula de financiación privada y optado por ejecutar el proyecto con fondos públicos. La coalición estima que este cambio de modelo podría añadir entre dos y tres años de demora a una infraestructura pendiente desde hace más de dos décadas.

La portavoz de AIG, Lorena Garrón, aseguró este 3 de noviembre que la modificación del sistema de financiación implica dejar atrás buena parte del trabajo desarrollado durante los últimos años. La formación también exige explicaciones públicas sobre las razones del cambio y garantías de que el nuevo planteamiento no prolongará nuevamente los plazos.

El proyecto está destinado a concentrar las dependencias judiciales de la capital, actualmente dispersas en distintas ubicaciones. Para AIG, su ejecución resulta necesaria tanto para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Justicia como para facilitar la atención a la ciudadanía.

Garrón centró sus críticas en la reciente visita a Cádiz del consejero de Justicia, Manuel Gavira, que estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Bruno García. La portavoz afirmó que la Consejería ya había modificado entonces su criterio sobre la financiación, pero sostuvo que durante esa visita no se explicó el alcance del cambio ni sus posibles efectos sobre el calendario.

Según la versión trasladada por AIG, la comparecencia institucional proyectó una continuidad del proyecto que no se correspondía con la revisión de los planes de la Junta. Garrón considera que esta circunstancia tiene especial relevancia porque la modificación puede obligar a reiniciar trámites y trabajos asociados al anterior modelo.

La coalición también responsabilizó políticamente al alcalde por su actuación ante la Junta. Garrón señaló que Bruno García debería reclamar explicaciones y soluciones al Gobierno andaluz en lugar de respaldar públicamente la gestión del proyecto. Se trata de una valoración de AIG, que encuadra la situación en sus críticas a la relación institucional entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica.

La formación considera que la sucesión de anuncios y cambios de planteamiento ha impedido materializar una infraestructura largamente pendiente en Cádiz. “Cada vez que parece que se da un paso adelante, la Junta encuentra una nueva fórmula para volver a empezar”, afirmó Garrón al referirse a la evolución del proyecto.

AIG ya había denunciado en julio una posible paralización de la Ciudad de la Justicia. En aquel momento, la coalición sostuvo que los mensajes públicos sobre el avance de la actuación no se correspondían con su situación efectiva. Garrón interpreta ahora el cambio de financiación como una confirmación de las advertencias realizadas entonces.

La portavoz amplió sus críticas a otros compromisos de la Junta con Cádiz capital, aunque situó la Ciudad de la Justicia como el ejemplo más reciente. A su juicio, las modificaciones de condiciones y los aplazamientos afectan a inversiones y equipamientos relevantes para la ciudad y dificultan que puedan establecerse plazos ciertos para su ejecución.

La reclamación planteada por AIG se concreta en tres puntos: una explicación pública de la Consejería de Justicia sobre la sustitución del modelo de financiación, la aprobación de un calendario que comprometa las fechas de ejecución y garantías para evitar que el nuevo procedimiento suponga más años de espera.

Garrón también acusó al PP y a Vox de utilizar el proyecto con fines de comunicación política y reprochó a la Junta la diferencia entre los anuncios realizados y la materialización de la infraestructura. Estas afirmaciones forman parte de la valoración política de la coalición sobre la gestión autonómica de la Ciudad de la Justicia.

La edil pidió además al alcalde que adopte una posición más exigente ante el Gobierno andaluz. AIG entiende que el Ayuntamiento debe reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y conocer cómo afectará la financiación íntegramente pública a los pasos ya realizados y a los plazos previstos.

La Ciudad de la Justicia acumula, según recordó la formación, más de veinte años de espera. El posible retraso adicional de entre dos y tres años es una estimación de AIG vinculada a la necesidad de adaptar el proyecto al nuevo modelo, mientras su principal petición es que la Junta fije fechas concretas para culminar la actuación.