AIG llevará al Pleno una moción de vivienda en Cádiz para frenar nuevas licencias turísticas
La moción de vivienda en Cádiz propone ampliar el parque público de alquiler social y reclama a Junta y Gobierno central medidas sobre precios, contratos y desahucios
Adelante Izquierda Gaditana (AIG) llevará al Pleno ordinario del Ayuntamiento del 29 de octubre una moción de vivienda en Cádiz que plantea impedir de forma indefinida la concesión de nuevas licencias para viviendas y alojamientos turísticos. La propuesta también pide ampliar el parque municipal de alquiler social y movilizar inmuebles para destinarlos a uso residencial.
La iniciativa solicita además que se promueva la revocación o retirada de autorizaciones turísticas ya concedidas en las zonas que se consideren saturadas. La formación vincula esta petición con la escasez de vivienda asequible, el encarecimiento de los alquileres y la presión que, según sostiene, ejerce el alojamiento turístico sobre el mercado residencial y la vida de los barrios.
La portavoz municipal de AIG, Lorena Garrón, considera que la situación dificulta especialmente el acceso a una vivienda de jóvenes y familias trabajadoras. La edil defiende la adopción de medidas que permitan recuperar viviendas para su uso habitual y evitar que residentes de la ciudad tengan que abandonar sus barrios por los precios.
En el ámbito municipal, la moción reclama un plan para incrementar el parque público de vivienda en alquiler social. AIG plantea que el documento cuente con financiación, un calendario de ejecución y objetivos que puedan ser evaluados, además de incorporar las promociones pendientes y las actuaciones previstas sobre fincas susceptibles de tener un uso residencial y social.
La coalición propone recurrir a la adquisición y movilización de viviendas y contempla la expropiación de inmuebles en los casos permitidos por la legislación. Entre los asuntos que utiliza para justificar la iniciativa menciona la situación del proyecto de Navalips, que califica de paralizado, y considera insuficientes tanto las promociones públicas destinadas al alquiler social como los avances en la compra y expropiación de fincas anunciadas para aumentar el parque público.
La portavoz adjunta del grupo, Helena Fernández, sostiene que las viviendas públicas deben conservar de manera permanente su función social y quedar fuera del mercado especulativo. La formación contrapone este modelo a las políticas basadas principalmente en aumentar la oferta a través del mercado, al entender que ese crecimiento no garantiza por sí mismo precios asequibles.
La propuesta no se limita a las competencias del Ayuntamiento. También insta a la Junta de Andalucía a revisar los módulos y criterios utilizados para fijar los precios de la vivienda protegida cuando puedan encarecer las nuevas promociones. AIG pide asimismo que las administraciones refuercen la promoción pública destinada al alquiler.
En cuanto al Gobierno central, la moción solicita medidas para aumentar la protección de los inquilinos. Entre ellas figuran la congelación de los alquileres, la incorporación de mecanismos de renovación automática para dar estabilidad a los contratos y una regulación de los arrendamientos de temporada.
El texto incluye igualmente la prohibición de los desahucios cuando las personas afectadas carezcan de una alternativa habitacional digna. Fernández enmarca estas propuestas en una respuesta coordinada entre las distintas administraciones, con actuaciones inmediatas para los arrendatarios y políticas de vivienda que se mantengan en el tiempo.
Otra de las medidas recogidas es la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas y sobre los beneficios procedentes de la especulación inmobiliaria. AIG plantea destinar la recaudación obtenida a financiar vivienda pública y social, así como a reforzar los programas de adquisición de inmuebles.
La formación añade que esos fondos podrían utilizarse para expropiar, dentro de los supuestos establecidos legalmente, viviendas pertenecientes a fondos de inversión y grandes propietarios a los que atribuya una actividad especulativa. La moción incorpora así peticiones dirigidas a los tres niveles de la Administración, aunque su debate y eventual aprobación corresponden al Pleno municipal.
Garrón defiende que la intervención pública debe orientarse a facilitar que la población gaditana pueda permanecer en la ciudad. Por su parte, Fernández sitúa como objetivo evitar que el precio del alquiler obligue a residentes a marcharse de Cádiz por carecer de capacidad económica para asumirlo.
El debate de la moción se celebrará en la sesión ordinaria del jueves 29 de octubre. Sus acuerdos incluirían peticiones directas al equipo de gobierno municipal y pronunciamientos dirigidos a la Junta de Andalucía y al Ejecutivo central sobre vivienda protegida, regulación del alquiler, fiscalidad y protección frente a los desahucios.
