AIG pide más control municipal sobre el centro de los animales recogidos en Cádiz

El servicio para los animales recogidos en Cádiz está contratado con Total Animal Services y se presta en el Centro La Luna de Jerez

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha pedido al Ayuntamiento de Cádiz que refuerce la supervisión del servicio de recogida, alojamiento y adopción de animales domésticos, contratado con la empresa Total Animal Services y prestado en el Centro La Luna de Jerez. La formación reclama visitas periódicas a las instalaciones, revisión de los registros y seguimiento veterinario de los animales recogidos en Cádiz.

La portavoz municipal de AIG, Lorena Garrón, y la concejala Vanessa Sibón visitaron el centro antes de plantear estas medidas el 30 de septiembre de 2026. El grupo sostiene que la externalización del servicio no exime al Ayuntamiento de sus responsabilidades sobre los animales y considera que la administración local debe comprobar tanto el cumplimiento del contrato como el de la normativa de bienestar animal.

Entre las principales propuestas figura la implantación de un sistema de trazabilidad individual. Este registro debería recoger la fecha de entrada de cada animal, su procedencia, estado sanitario, actuaciones veterinarias, ubicación y destino final. AIG también plantea que los ejemplares sean identificados mediante microchip cuando corresponda de acuerdo con la normativa aplicable.

“Que el Ayuntamiento externalice un servicio no significa que pueda externalizar su responsabilidad”, señaló Garrón. La portavoz defendió que el Consistorio debe conocer las condiciones en las que se encuentran los animales, la atención que reciben y las posibles incidencias sanitarias durante su estancia en el centro.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece obligaciones para los centros públicos de protección animal relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias, la adecuación de los espacios, el registro de los ejemplares y la atención veterinaria. La norma también encomienda a las entidades locales tareas de inspección y vigilancia de las instalaciones donde se alojan animales.

A partir de estas competencias, AIG propone que el Ayuntamiento realice visitas regulares al Centro La Luna y examine los informes del servicio, los registros individuales y la documentación veterinaria. La formación también solicita un seguimiento de las adopciones y de las condiciones de las instalaciones. “No basta con adjudicar un contrato y esperar a que termine para comprobar qué ha ocurrido”, afirmó Sibón.

Otra de las peticiones se refiere a la difusión de los animales disponibles para adopción. El grupo municipal reclama campañas para informar sobre los ejemplares bajo responsabilidad del Ayuntamiento, los lugares donde se encuentran y el procedimiento para adoptarlos. También plantea acciones de sensibilización sobre el abandono y la tenencia responsable de animales.

Sibón consideró que la adopción no debe depender únicamente de que una persona acuda al centro y pregunte por los animales alojados. AIG propone, además, revisar los costes asociados a este proceso para hacerlos más accesibles, aunque manteniendo controles destinados a garantizar una adopción responsable y evitando, según la formación, una gratuidad indiscriminada que pueda perjudicar a los propios animales.

Las condiciones de alojamiento constituyen otro de los asuntos incluidos en la propuesta. AIG pide espacios diferenciados para perros y gatos que tengan en cuenta las necesidades fisiológicas y de comportamiento de cada especie. En el caso de los felinos, reclama gateras separadas de las zonas destinadas a los perros, con el objetivo de reducir el estrés durante su permanencia en las instalaciones.

La formación vincula esta petición con la normativa andaluza para centros de alojamiento temporal, que contempla la atención de las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales, así como medidas para prevenir lesiones y enfermedades. Sibón sostuvo que la atención debe abarcar las necesidades físicas, sanitarias y emocionales, además de proporcionar refugio y alimentación.

AIG también solicita un seguimiento veterinario continuado y que el Ayuntamiento reciba información sobre las incidencias sanitarias. Garrón señaló que, cuando un animal enferme, la administración local debe conocer la situación y garantizar que las decisiones se adopten con criterios veterinarios y de bienestar animal.

El grupo considera necesario diferenciar entre los animales domésticos recogidos y los gatos comunitarios o pertenecientes a colonias. Argumenta que los animales encontrados en la vía pública pueden requerir actuaciones distintas según su situación. La Ley 7/2023 establece un régimen específico para la gestión de los gatos comunitarios.

Para futuros contratos, AIG plantea que los pliegos municipales incluyan como requisito la certificación UNE 313001:2016, o el estándar que la sustituya. Esta norma está dirigida a centros de protección y residencias de animales de compañía y aborda aspectos de gestión sanitaria y bienestar animal. Sibón reconoció que no constituye una obligación legal general, pero defendió su utilización como referencia de calidad en próximas licitaciones.