La coalición de izquierdas exige al alcalde explicaciones tras la admisión de la denuncia por posible conflicto de intereses relacionada con la edil de Vivienda y presidenta de Procasa.
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) llevará al próximo Pleno del 25 de septiembre una pregunta sobre la ausencia en la última declaración de bienes de Ana Sanjuán de las dos empresas del sector de la construcción en las que tenía participación el año pasado. Se trata de CAV SERVICIO INTEGRAL DE PROYECTOS Y OBRAS SL (42,50%) y CAV HOME GROUP SL (50%), vinculadas a actividades inmobiliarias, cuya relación con la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa ahora no consta en el documento anual presentado este año.
La coalición de izquierdas exige aclarar si Sanjuán continúa ligada a estas sociedades y, de ser así, por qué no aparecen en su nueva declaración de bienes. Según AIG, esta cuestión es especialmente relevante después de que la Oficina Antifraude haya admitido a trámite la denuncia presentada por Izquierda Unida en febrero de 2025 por un posible conflicto de intereses entre la edil y los vínculos familiares que mantiene con la promotora propietaria de parte del suelo en Casitas Bajas.
Para AIG, tanto el alcalde de Cádiz, Bruno García, como la propia edil deben ofrecer explicaciones y tomar medidas inmediatas. La coalición recuerda que ya advirtió en sesiones plenarias sobre un “incumplimiento flagrante” del Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento, reclamando que Sanjuán fuera apartada de sus cargos municipales para evitar conflictos de intereses en la gestión pública.
Desde la formación liderada por David de la Cruz señalan que cada vez que el Consejo de Administración de Procasa aborda una adjudicación, se solicita la inhibición de Sanjuán debido a su posible conflicto, lo que altera el normal desarrollo de dicho consejo. Esto, a su juicio, evidencia la incompatibilidad manifiesta de la edil con sus cargos según el Reglamento Interno del Consistorio y los Estatutos de Procasa.
AIG insiste en que la situación requiere retirar las competencias de Vivienda a Sanjuán para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública. “El alcalde no puede permanecer de brazos cruzados mirando hacia otro lado. Está obligado a tomar medidas con respecto a los cargos municipales de Ana Sanjuán”, subraya la coalición.
La polémica se centra en la necesidad de proteger la integridad de la administración local y evitar cualquier influencia de intereses privados en decisiones que afectan al urbanismo y la vivienda de Cádiz. La denuncia admitida por la Oficina Antifraude refuerza la posición de AIG, que reclama acciones concretas y explicaciones públicas sobre la relación de la concejala con las empresas familiares y la promotora vinculada al suelo de Casitas Bajas.
La pregunta que presentará AIG en el Pleno busca despejar dudas sobre la continuidad de los vínculos empresariales de Sanjuán y garantizar que no existan conflictos de intereses que comprometan la gestión municipal. La formación hace hincapié en que la transparencia y la ética son esenciales para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
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