AIG reclama datos actualizados de la lista de espera de Ayuda a Domicilio en Cádiz

La coalición sostiene que la lista de espera de Ayuda a Domicilio en Cádiz supera las 600 personas y que parte de ellas lleva más de un año pendiente del alta

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha reclamado al Gobierno municipal de Cádiz información actualizada sobre la lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio. La formación asegura que hay más de 600 personas pendientes de incorporarse y que muchas de ellas llevan esperando más de un año.

La petición fue reiterada este 28 de agosto, tres meses después de que el grupo municipal solicitara al Ayuntamiento los datos sobre el número de personas en espera. AIG también quiere conocer la antigüedad de las solicitudes y la evolución de la lista durante ese periodo.

La portavoz adjunta de la coalición, Helena Fernández, considera que esa información resulta necesaria para evaluar la situación del servicio que reciben las personas dependientes de la ciudad. La edil acusa al equipo de gobierno del PP de falta de transparencia por no haber atendido todavía la solicitud presentada en mayo.

La reclamación se produjo después de que el concejal delegado de Servicios Sociales, Pablo Otero, difundiera el número total de altas registradas en Ayuda a Domicilio desde agosto del año anterior y el incremento de auxiliares incorporadas al servicio.

AIG cuestiona que aquella información ofreciera una visión completa, al centrarse en las altas y las nuevas incorporaciones de personal sin incluir el volumen de usuarios que seguían pendientes de recibir la prestación. Fernández sostiene que la cifra supera las 600 personas y que parte de ellas acumula más de un año de espera.

La formación también vincula esta situación con las reclamaciones que, según afirma, presentan usuarios del servicio. Para la coalición, las cifras de altas y contrataciones deben completarse con los datos de la lista de espera para poder valorar el funcionamiento de la Ayuda a Domicilio en Cádiz.

La petición de información incluye tres aspectos concretos: el número actualizado de personas pendientes de alta, el tiempo que lleva esperando cada una y la evolución reciente de la lista. Fernández defiende que estos datos deben hacerse públicos para que la ciudadanía pueda conocer el alcance de las demoras.

El grupo municipal ha incorporado además a su denuncia la relación entre la empresa adjudicataria, Óbolo, y el comité de empresa del servicio. AIG asegura que la representación de las trabajadoras no está recibiendo documentación laboral relativa a altas, bajas y contratos.

Según Fernández, el comité trasladó esta situación meses atrás al Ayuntamiento en una reunión. La portavoz adjunta responsabiliza al Gobierno local de no intervenir ante la supuesta falta de documentación y afirma que tanto el alcalde, Bruno García, como el delegado de Servicios Sociales conocen las quejas de la representación laboral.

La coalición ya había criticado anteriormente que la información sobre las incorporaciones profesionales se difundiera antes en los medios de comunicación que entre los representantes de la plantilla. Esa comunicación coincidió con una protesta del comité de empresa a las puertas del Ayuntamiento, en la que las trabajadoras reivindicaban la municipalización del servicio y denunciaban problemas laborales.

AIG sostiene que las nuevas contrataciones y el resto de la información laboral relacionada con la prestación deben comunicarse al comité de empresa. Las afirmaciones sobre el incumplimiento de estas obligaciones corresponden a la coalición, que centra sus críticas tanto en la adjudicataria como en la actuación del equipo de gobierno.

La formación reclama igualmente que el Ayuntamiento y Óbolo se preparen para los cambios derivados de la reforma de la Ley de Dependencia. Fernández plantea que las modificaciones deben repercutir tanto en la atención a las personas usuarias como en las condiciones en las que se presta el servicio.

La lista de espera constituye, no obstante, el núcleo de la petición trasladada al Gobierno municipal. AIG solicita que el Ayuntamiento facilite las cifras actualizadas y explique la evolución de las solicitudes pendientes, con especial atención a las personas que, según la coalición, llevan más de un año sin ser dadas de alta.