El acceso a una vivienda digna en Cádiz capital se ha convertido en una dificultad creciente para la clase trabajadora, según refleja el Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía 2025 elaborado por CCOO. El estudio alerta que alquilar un piso de 90 metros cuadrados en la ciudad supone destinar una media del 60% del salario de los trabajadores, una cifra que evidencia el grave deterioro del derecho a la vivienda en la provincia.
El informe, publicado el 31 de julio de 2025, señala que el alquiler medio de una vivienda de 60 metros cuadrados en Cádiz capital alcanza los 690 euros mensuales, lo que supone casi el 40% del salario medio. Este esfuerzo económico se dispara para viviendas más grandes, agravando la situación de jóvenes, mujeres y familias con ingresos bajos o medios.
Uno de los principales factores que explica esta crisis es la expansión del alquiler turístico, con más de 16.600 viviendas destinadas a este uso en toda la provincia, y 1.539 ubicadas en Cádiz capital. En municipios turísticos como Conil de la Frontera, estas viviendas representan el 15,4% del parque residencial, lo que ha provocado un proceso de expulsión vecinal y encarecimiento del alquiler. “La turistificación está vaciando nuestros barrios y encareciendo la vivienda. No se trata de falta de casas, sino de un uso orientado al negocio privado y no a las necesidades sociales”, afirma Inmaculada Ortega, secretaria general de CCOO Cádiz.
El estudio también denuncia la paradoja existente entre el elevado número de viviendas vacías en Cádiz, que supera las 70.000, y la demanda creciente de vivienda protegida que no encuentra respuesta adecuada. De esas viviendas desocupadas, más de 2.800 se localizan en la capital gaditana. En 2024, solo se calificaron provisionalmente 179 viviendas de protección oficial (VPO) en la provincia, y de forma definitiva apenas 126, cifras insuficientes frente a las más de 2.100 compraventas de VPO registradas, que suponen más del 12% del total en Andalucía.
El informe alerta también sobre el aumento de los desahucios por impago de alquiler, que en 2024 afectaron a 395 familias gaditanas, frente a 164 desahucios por ejecuciones hipotecarias. Los desahucios por alquiler ya representan casi el 72% del total en la provincia, una cifra que refleja la precariedad creciente de los hogares.
Para hacer frente a esta crisis, CCOO reclama una intervención inmediata y estructural que incluya la suspensión de nuevas licencias para viviendas turísticas en zonas tensionadas, regulación efectiva de precios basada en criterios sociales, movilización del parque de viviendas vacías hacia el alquiler asequible y un refuerzo en la construcción y gestión de viviendas protegidas tanto en alquiler como en propiedad.
Además, el sindicato propone un plan provincial de emergencia habitacional que incluya la participación sindical y ciudadana, así como un fortalecimiento de los servicios sociales para prevenir desahucios silenciosos y situaciones de sinhogarismo.
“El Informe de Vivienda en Andalucía 2025 constata una realidad que venimos denunciando desde hace años: vivir en Cádiz es cada vez más difícil para quienes trabajan en Cádiz. El turismo no puede seguir arrasando con el derecho a vivir aquí”, concluye Ortega, que advierte que “la vivienda se ha convertido en una trampa para quienes viven de su salario”. El sindicato exige a las administraciones públicas una actuación coordinada y decidida para recuperar la función social de la vivienda y poner fin a una crisis habitacional que ya es estructural.
