El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha manifestado el «compromiso» de la Fiscalía General con el Campo de Gibraltar y ha asegurado que «no solo existe para la Fiscalía porque pueda haber un problema de tráfico de drogas», sino porque «el ADN» es «la defensa de las víctimas, de las personas más vulnerables, de los derechos de aquellas personas que no pueden defenderse por sí mismas». «No podemos olvidar ninguna de nuestras especialidades y el carácter», ha añadido.
En su intervención en la toma de posesión de Aurora Andrés Fernández como fiscal Jefe de Área de Algeciras (Cádiz), García Ortiz ha manifestado que la Fiscalía «debe presumir y tiene que hacerlo de ser eficaz, de poner todos los medios al alcance de los ciudadanos para ser eficaz y para acabar con las lacras tan difíciles de terminar».
«No olvidemos que el derecho penal solo es una de las patas de la resolución de los conflictos profundos y sociales que puede tener una sociedad», como el tráfico de drogas, ha señalado el fiscal, que ha añadido que son «la parte represiva de un Estado de Derecho, pero aquí no se deben acabar las acciones públicas», ya que «las acciones públicas si no van dirigidas, si no van coordinadas con más aspectos, los problemas sociales e históricos que van aparejados al problema del tráfico de drogas no se podrán solucionar».
García Ortiz ha afirmado que ahora mismo se enfrentan a «un tipo de delincuencia más peligrosa que la anterior o que los antiguos traficantes de droga, los traficantes clásicos», ya que, según ha defendido, «la criminalidad organizada transnacional se ha hecho dueña de estas redes de tráfico de drogas en el que el fenómeno trasciende desde luego el Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa».
«Es un problema mundial en el que el espacio virtual no favorece para nada la persecución de estos delitos y sí favorece la acción o la posible impunidad. Ponemos todo nuestro capital en ello», ha afirmado García Ortiz.
Finalmente, ha manifestado que «la Fiscalía española con su estructura organizativa y con sus posibilidades de cooperación internacional es el medio adecuado para la persecución de toda esta delincuencia que no deben afectar de ninguna manera las estructuras del Estado, a la confianza de los ciudadanos en la justicia y a la eficacia de la justicia en la resolución de estos problemas».