Ana Redondo defiende en el Congreso el compromiso del Estado con la igualdad real y los derechos de las mujeres

La ministra de Igualdad explica la reforma constitucional que garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para exponer los avances del Gobierno en materia de derechos de las mujeres y violencia de género, así como para informar sobre la propuesta de reforma constitucional que busca reconocer la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Durante su intervención, Redondo ha defendido la trascendencia jurídica, política y social de esta iniciativa, que, según ha afirmado, permitirá que “por primera vez en nuestra historia democrática la Constitución española incluya una garantía explícita del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad”.

La reforma plantea incorporar un nuevo apartado 4 en el artículo 43 de la Constitución, donde se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando que este se ejerza en condiciones de igualdad efectiva y bajo la protección de los poderes públicos.

El objetivo, ha subrayado la titular de Igualdad, es asegurar las condiciones materiales para el ejercicio de este derecho, vinculándolo al acceso a la sanidad pública y reforzando la dimensión social de la igualdad. “Un derecho que depende de la capacidad económica o del código postal de cada mujer no es un derecho, es una desigualdad institucionalizada”, ha afirmado Redondo.

Asimismo, ha insistido en que los derechos de las mujeres no pueden depender de coyunturas políticas o mayorías parlamentarias cambiantes, y ha defendido que deben quedar blindados en la Constitución como expresión de libertad, dignidad e igualdad.

Reforma contra la violencia vicaria

En la misma comparecencia, la ministra ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Violencia Vicaria, una de las principales medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta norma aborda las medidas 280 a 320 del pacto, que reclaman el reconocimiento de la violencia vicaria como forma autónoma de violencia de género, el refuerzo de la protección a las víctimas y la incorporación de protocolos y formación especializada.

“La violencia vicaria es la negación absoluta de la humanidad: el intento deliberado de aniquilar a la mujer a través del daño más irreparable que se le puede causar”, ha afirmado Redondo.

El anteproyecto incluye una definición legal expresa de violencia vicaria, que se incorporará al artículo 1.4 de la Ley Orgánica 1/2004, y crea un nuevo artículo 173 bis del Código Penal, donde se tipifica de manera específica esta forma de violencia. Se contemplan dos grados —general y agravado—, además de una pena accesoria que permitirá al juez prohibir la publicación o difusión de informaciones que prolonguen el daño moral o la exposición pública de la víctima.

Esta medida, ha explicado la ministra, busca evitar la revictimización y garantizar que los agresores no puedan seguir causando dolor desde prisión o desde el espacio público.

Además, el anteproyecto refuerza el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo la formación obligatoria en violencia vicaria para jueces, fiscales y personal de justicia.

“No basta con tipificar una conducta; hay que dotar al sistema de conocimiento, sensibilidad y recursos para aplicarla correctamente”, ha puntualizado Redondo.

La ministra ha cerrado su intervención afirmando que “con estas dos reformas —la constitucional y la legislativa—, España reafirma que la igualdad entre mujeres y hombres no es una aspiración, sino una garantía constitucional, una política de Estado y un compromiso democrático firme e irrenunciable”.