Igualdad acuerda con los agentes sociales pedir a los ministerios de Inclusión y Derechos Sociales que definan las tareas de cada Administración en los trámites de la prestación
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha suscrito un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el sindicato UGT-A, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Mesa del Tercer Sector y el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales al objeto de reivindicar al Gobierno central cambios sustanciales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. En concreto, el documento firmado por las partes solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al de Derechos Sociales y Agenda 2030 que se definan con exactitud las tareas encomendadas a la Administración autonómica y a los gobiernos locales respecto a los trámites, «desde una acción colaboradora y de cogobernanza que permita ubicar adecuadamente la cuestión en el cuadro de competencias y contar con los instrumentos legales de financiación que se consideren oportunos», todo ello con el objetivo de favorecer a la población más vulnerable, beneficiaria de esta prestación.
El acto de la firma ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y, además de su titular, Rocío Ruiz, ha contado con la presencia de: el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez; el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, José Luis Sarasola; el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos; el secretario de Políticas Sociales, Vivienda y Memoria Histórica de UGT Andalucía, Ramón Sánchez-Garrido; y el director de Relaciones Institucionales de la CEA, Luis Picón.
El documento firmado reconoce y suscribe «la importancia de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva», por lo que las partes firmantes consideran que cualquier tipo de trámite ha de ser gestionado a través de la propia Seguridad Social siempre que no se haya suscrito convenio de colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales.
Por otra parte, pone en conocimiento del Gobierno de España la «situación de sobresaturación» que vienen sufriendo los servicios sociales comunitarios y que, evidentemente, la crisis social provocada por el Covid-19 ha agravado de forma sobresaliente. Una situación que también ha afectado gravemente a las entidades y organizaciones del tercer sector. «Creemos imprescindible que, por parte del Gobierno de España, se dote a los servicios sociales competentes de una financiación suficiente y adicional que permita un refuerzo de medios y recursos materiales y humanos para afrontar las tareas encomendadas, así como el establecimiento de un procedimiento de actuación claro, realista y específico que delimite las funciones. Así como recibir una información clara, realista y formación específica sobre las funciones a desempeñar con respecto a las tramitaciones encomendadas del Ingreso Mínimo Vital. Revisando la regulación sobre certificaciones», reza el acuerdo.
Respecto a la incidencia que el Ingreso Mínimo pueda tener en las rentas de competencia autonómica, el documento firmado pone sobre la mesa las dudas jurídicas que se generan sobre a quién debe corresponder la emisión de certificados en el ámbito local, considerando el papel reservado a los habilitados de carácter nacional. Así como la importancia de «dotarse de una herramienta de valoración sistemática y objetiva de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que facilite la emisión de informes por parte de los servicios sociales comunitarios de manera homogénea en todo el Estado».
Así, las partes firmantes quieren destacar con esta iniciativa que uno de los retos estratégicos fundamentales para las personas en situación de vulnerabilidad es reducir procedimientos, eliminando lo dispensable de todo procedimiento administrativo al objeto de reducir al máximo los tiempos de resolución y de implementación del Ingreso Mínimo Vital. Tal y como ha establecido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) como uno de los requisitos para que España pase de tener un sistema de asistencia social dual limitada a un sistema de asistencia dual.
Finalmente, el acuerdo pone de manifiesto que el trabajo que requiere el denominado ‘protocolo 1’ establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el traspaso de personas perceptoras de la Renta Mínima a ser beneficirias del Ingreso Mínimo Vital genera una carga administrativa «muy elevada e inasumible actualmente con medios propios de la Junta de Andalucía».
En su lugar, se propone el reconocimiento de forma automática como persona titular del Ingreso Mínimo Vital de toda aquella que, a fecha de traspaso de dichos datos, tenga una edad comprendida entre 23 y 65 años y sea titular de la Renta Mínima andaluza. En su defecto, se propone iniciar trabajos, de forma bilateral, en la creación de una herramienta, homologada para todo el Estado, que permita una pasarela telemática ágil y eficiente que facilite la suficiente interoperabilidad entre ambas prestaciones. Por el contrario, expresa el documento, «la falta de automatización de proceso de pasarela entre la Renta Mínima y el Ingreso Mínimo está suponiendo un perjuicio a las personas que deberían ser beneficias de la prestación estatal».
Aportaciones al Plan Concertado
Las partes firmantes del acuerdo consideran imprescindible un aumento en la aportación del Estado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de servicios sociales. Así, por ejemplo, durante el ejercicio presupuestario del año 2019, la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía fue de 64,8 millones de euros y la de los Gobiernos Locales de 236,9; mientras que el Gobierno central facilitó 7,7 millones de euros.
Ya el 2 de julio de 2020, el Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición No de Ley en pleno relativa a la mejora de la financiación del plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales. En ella, se instaba al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a incrementar la aportación de la Comunidad Autónoma en la misma proporción y en los mismos plazos en los que se realice el incremento de recursos por parte del Gobierno de España.
Además, en Andalucía, se ha venido contando con el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de la que se beneficiaron 34.222 familias durante el año 2020 y que en la última nómina del pasado mes de abril se dieron de alta 4.972 personas titulares. Sin embargo, esta situación se ha visto alterada por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital y las nuevas obligaciones que impone su Real Decreto a los servicios sociales comunitarios.