Andalucía ya ha atendido a 1.509 menores extranjeros no acompañados en 2018

Andalucía ha atendido en lo que va de año a 1.509 menores extranjeros no acompañados (MENAS) y un total de 4.172 el año pasado, un incremento del 97% con respecto a 2016. Estos han sido algunos de los datos facilitados por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante su participación en una Jornada sobre el sistema de protección de MENAS, organizada por el Defensor del Menor de Andalucía y Save The Children.

Durante su intervención, Sánchez Rubio ha informado que la contratación realizada por su departamento recientemente de 300 plazas residenciales para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Huelva. Se mantendrá así la capacidad de respuesta de este servicio de acogida tras la finalización de los contratos de emergencia aprobados en 2017.

En este contexto, Sánchez Rubio ha subrayado que “se hace necesario definir una estrategia en dos planos diferentes. Por un lado, y desde la lealtad Institucional, acciones con el Gobierno español, para lograr que comprenda que la realidad a la que nos estamos enfrentando en Andalucía, y que es una cuestión del Estado. Se trata de que tome partida en el asunto, como Institución competente. Algo que esperamos y deseamos que suceda con este nuevo gobierno”. Y por otro, “es esencial desarrollar una estrategia con Marruecos, haciéndole ver el riesgo real que corren sus ciudadanos y ciudadanas al cruzar la frontera en patera o en bajos de vehículos, y la responsabilidad que sobre los mismos tienen. Que el Reino de Marruecos tome conciencia de una situación que no le es ajena, que asuman la responsabilidad de control real en fronteras y de búsqueda y retorno de esos menores con sus familiares”.

La consejera ha explicado en estas jornadas que “Andalucía no cuenta con centros de protección de menores creados específicamente para la atención a menores extranjeros no acompañados, ya que son atendidos con los mismos recursos, dispositivos y servicios que el sistema de atención a la infancia y a la familia pone a disposición de los menores nacionales”.

“Existen centros en determinadas provincias que como consecuencia de la repetida casuística desarrollan intervenciones y actuaciones prácticamente en exclusivamente con dichos menas”, ha especificado.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado que “para ello, la Junta ha apostado claramente por la calidad en la atención residencial de todos los y las menores que viven en nuestros centros de protección infantil, poniendo en marcha recursos específicos para la atención de las nuevas necesidades, idiomáticas y culturales, lo que supone, como pueden imaginar, un incremento sustancial del presupuesto destinado a la financiación de los centros de protección, más profesionalización del personal, mejores retribuciones y más formación especializada”.

Además, Sánchez Rubio ha subrayado que no solo atendemos a los menores de edad, ya que contamos con el Programa +18, que les asegura orientación y acompañamiento, tutorización en las primeras experiencias laborales, o en el acceso de la vivienda, cuando alcanzan la mayoría de edad.

Un total de personas 1.848 jóvenes extuteladas recibieron el pasado año en Andalucía una atención integral a través del Programa de Mayoría de Edad. Sánchez Rubio ha destacado el elevado éxito del programa, ya que un 60% de sus participantes han logrado un alto nivel de autonomía.

Una vez expuesto el compromiso del Gobierno andaluz en la atención de los MENAS, la consejera ha señalado que la política con las y los menores extranjeros no acompañados debe basarse en tres líneas de actuación básicas: la prevención de estas migraciones, a través de la adopción de medidas centradas en el desarrollo social y económico de las zonas de origen, así como en la lucha contra las redes de tráfico de personas; la asistencia y protección de los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en territorio español; y el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social.

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