El alcalde de Cádiz, José María González, ha expresado su satisfacción por el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa penal contra el regidor de Cádiz, así como su edil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de gobierno del Partido Popular en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014. Fue el PP quien interpuso la querella el pasado mes de marzo.
Al respecto, el primer edil ha manifestado que el archivo de la causa es “una buena noticia porque supone un primer paso en algo de lógica: la desjudicialización de la vida política”. “El PP –ha añadido- ha centrado su acción en embarrar todo lo que se hace desde este Ayuntamiento para tratar de sacar todo el rédito posible, y se ha caído con todo el equipo”. Y en este punto ha destacado que la jueza les ha dado la razón “ante el uso torticero del PP para tratar de darle la vuelta a una situación como fue el corte de agua en Loreto y la existencia de análisis con agua contaminada desde días antes de que se produjera”. “Ellos son los que tienen que explicar qué pasó en Loreto”, ha enfatizado.
Asimismo, ha resaltado que el archivo de la causa viene a confirmar que el recurso presentado por el Equipo de Gobierno no era para retrasar el proceso o para dilatar los plazos. “Era porque pensábamos que llevábamos la razón, y es lo que pensamos actualmente, llevamos razón, porque nuestra afirmación ni faltaba al honor ni era injuriosa y porque lo que decía el PP en su querella que habíamos dicho, basándose en algunas publicaciones de prensa, no era lo que habíamos dicho. Y así lo recoge la jueza en el auto”.
El regidor ha subrayado que la jueza especifica que “nuestras afirmaciones no se pueden considerar injuriosas ni con intención de difamar porque posteriormente acudimos a Fiscalía para poner el caso en manos de la justicia”. Y ha resaltado a continuación varios entrecomillados extraídos del propio auto: “En él se afirma que para que se produzca calumnia debe producirse la imputación de un delito, algo que, según la jueza, no consta, ya que las afirmaciones que realicé ‘no imputan delito contra la salud pública sino irregularidades administrativas como gestores de Aguas de Cádiz en las que existe, cuando menos, una actuación administrativa irregular en algunos aspectos’.
Además, en el auto se expone que el delito de injurias no es aplicable, ya que ‘se hace en el contexto de una crítica política que denunciaba irregularidades’. El alcalde ha expuesto que la magistrada hace hincapié, basándose en sentencias hasta del Tribunal Constitucional, en que ‘los cargos públicos están sometidos en mayor medida a la crítica y por ello el límite entre su derecho al honor y la libertad de expresión cede en detrimento del primero’.
Y por último, ha apuntado que el auto “tira por tierra” todo el argumento del PP que se basa en algunas de las informaciones periodísticas basadas en la rueda de prensa y el posterior acto que ofrecimos en el mes de marzo. Al respecto, ha comentado que el Equipo de Gobierno presentó “el vídeo completo con las declaraciones completas, y la jueza no puede ser más tajante en su auto de archivo”. En concreto, en el auto se lee que la demanda se basa en ‘una rueda de prensa en la que no estuvieron presentes los demandantes’, por lo que ‘no se puede determinar cuáles fueron exactamente el contenido de las palabras y tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones en las que aparecen declaraciones entrecomilladas sacadas de contexto realizando una interpretación subjetiva el periodista’. E insiste la magistrado en que ‘nos encontramos con artículos periodísticos en los que no aparece la totalidad de la intervención, sino frases o expresiones que pudieron haber sido sacadas de contexto’.
La jueza achaca esta supuesta posible o supuesta falta de rigor a diferentes factores condicionantes como ‘la premura de tiempo ante el fatal cierre de la edición en los medios tradicionales, el afán por la exclusividad o la primicia en un medio competitivo, la mayor o menor trascendencia de la noticia y la complejidad de la misma, la inevitable subjetividad de las fuentes, los posibles intentos por manipular la información por portadores de intereses contrapuestos, el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento en las ventas’.
Por todo ello, el alcalde ha recalcado que el auto recoge prácticamente en su totalidad el recurso presentado por el Equipo de Gobierno y “archiva la causa penal ante la evidencia de que lo que se hizo, y seguimos manteniendo, es una crítica política a una gestión irregular. Un hecho del que, por otro lado, llevamos a la Fiscalía para que estudiara si había indicios de delito por parte de los anteriores gestores municipales”.
Asimismo, ha hecho hincapié en dos cuestiones: “Una, esta estrategia de judicialización de la política ha llevado al Partido Popular de Cádiz hacer absolutamente el ridículo. Y dos, la jueza confirma que es el PP quien tiene que explicar qué pasó en Loreto, no este Equipo de Gobierno”.
José María González ha concluido asegurando, de forma tajante, que el Gobierno local va a “llegar hasta el final en este asunto”. “Nosotros asumimos la responsabilidad de saber qué ocurrió en Loreto y nos comprometimos con los vecinos en buscar una respuesta. Vamos a depurar responsabilidades”.