La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha señalado que en la mañana de este viernes han declarado en Barbate (Cádiz) los cuatro guardias civiles supervivientes a los hechos ocurridos el pasado mes de febrero donde murieron dos compañeros, y ha afirmado que las declaraciones «han puesto de manifiesto la inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación, falta de medios y no atendimiento de la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes».
En una nota, ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate aceptó en mayo la personación de AUGC en calidad de acusación popular en las diligencias previas abiertas como consecuencia de la denuncia formulada para depurar las presuntas responsabilidades penales por hechos que pudiera ser tenidos como contrarios a los derechos de los trabajadores.
Además, el Juzgado desestimó la petición de la Fiscalía de archivar y sobreseer provisionalmente las diligencias y, por el contrario, acordó la práctica de diligencias de investigación, en línea con las que fueron propuestas por AUGC en su escrito de denuncia, según ha explicado la asociación.
En este sentido, ha añadido que el juzgado también acordó incluir los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero de 2024 en el Puerto de Barbate, en las que manifestaron las «inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios para poder prestar, con mínimas condiciones de seguridad y eficacia, el servicio que les había sido ordenado».
En la denuncia, AUGC pidió la investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316, que señala que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.»
Igualmente, sgún ha recordado, la AUGC aludió en su denuncia al artículo 318, que dice que «cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello».
Finalmente, la AUGC ha asegurado que continuará la defensa de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Guardia Civil y ha recordado que la prevención de los riesgos laborales «es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercen en mando y conducen las operaciones».