Autonomía Obrera denuncia abusos laborales de CLECE en centros de salud y la falta de fiscalización de la Junta de Andalucía
El sindicato Autonomía Obrera ha denunciado públicamente los continuos abusos laborales que la empresa CLECE estaría cometiendo en los servicios de limpieza de los Centros de Salud Bahía de Cádiz y la Janda, especialmente debido a la falta de fiscalización por parte de la Junta de Andalucía. Según el sindicato, la empresa ha estado incumpliendo de manera sistemática el Pliego de Condiciones del contrato y el Convenio Colectivo, lo que ha provocado un deterioro en el servicio y condiciones laborales precarias para los trabajadores.
Desde la adjudicación del servicio a CLECE, en 2024, se han dejado de cubrir un total de 20.938 horas de trabajo por vacaciones y bajas, lo que ha aumentado la carga laboral para los empleados. Este incumplimiento ha derivado en un perjuicio económico de más de 260.000 euros, según el sindicato. Autonomía Obrera sostiene que la Junta de Andalucía, al no controlar ni fiscalizar adecuadamente el cumplimiento del contrato, ha permitido que CLECE incremente sus beneficios a costa del bienestar de los trabajadores y de la calidad del servicio.
El sindicato también denuncia que CLECE ha coaccionado a los trabajadores, obligándolos a realizar funciones que no les corresponden según su categoría profesional, lo que constituye un abuso laboral, y señala que la Junta de Andalucía parece hacer caso omiso de estas irregularidades. Además, se ha presentado un caso de acoso laboral hacia un miembro del Comité de Empresa, quien ha sido objeto de represalias por ejercer su derecho a la actividad sindical.
Autonomía Obrera exige a la Junta de Andalucía una investigación exhaustiva sobre las horas no realizadas por CLECE y que se tomen medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente. El sindicato también reclama que se paguen las horas extras, los festivos y el Plus de Toxicidad que CLECE no ha abonado a sus empleados, en contraposición con lo establecido en el Convenio Colectivo.
La denuncia subraya una política de actuación que, según el sindicato, favorece a las empresas que vulneran derechos laborales, afectando principalmente a las trabajadoras del sector, que constituyen más del 95% del colectivo afectado.
