La concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, ha acudido hoy a Madrid junto a otros representantes de los llamados Ayuntamientos del Cambio para sumarse a la presentación por parte de Unidos Podemos de una de proposición Ley para la regulación de los alquileres abusivos y la mejora de las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler.
La concejala ha explicado que “en estos últimos años la burbuja de la especulación inmobiliaria se ha llevado por delante el derecho a la vivienda en España, una situación que se está trasladando a los alquileres y que está teniendo ya consecuencias” por lo que esta propuesta de Ley es más que necesaria”.
Eva Tubío ha explicado que “la iniciativa tiene como principal objetivo revertir algunas de las reformas que el PP llevó a cabo en 2013 y que han provocado que hoy vivir de alquiler sea cada vez más difícil para gran parte de la ciudadanía”. Entre estas reformas realizadas por el PP figuran el paso de los contratos de 5 a 3 años, el recorte de garantías para las personas arrendatarias o la exenciones fiscales para las Socimis, sociedades de inversión que especulan con el alquiler. Así, para que el alquiler sea una opción estable, asequible y segura para una mayoría de la población, de entrada la PL de Unidos Podemos propone volver a los contratos de 5 años. Además, en el caso de grandes propietarios, contempla una medida antiespeculación: incluir la posibilidad de una prórroga obligatoria de otros 5 si la persona o familia inquilina ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
El texto también recoge la posibilidad de que los municipios, en coordinación con sus comunidades autónomas, puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado (AUMVT) en las que, temporalmente y de forma justificada mediante criterios claros, pueda implementarse una regulación de precios que permita contener las rentas para evitar subidas abusivas en los alquileres. Esta medida, como también el resto de la PL, pretende ser una herramienta para los Ayuntamientos, que actualmente deben dar respuesta a la problemática del alquiler que afecta a sus ciudades, a sus barrios, a sus vecinos y vecinas, sin un parque público de vivienda suficiente y sin prácticamente ninguna competencia ni capacidad legislativa.