Cinco familias que residen en el edificio ubicado en Javier de Burgos 19, en Cádiz, continúan sin recibir soluciones habitacionales reales por parte del Ayuntamiento y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Tras la reunión mantenida el pasado lunes 30 de junio y las declaraciones del alcalde el miércoles 2 de julio, ambas partes confirmaron que no ofrecerán realojo en Cádiz, lo que condena a estas familias a abandonar su ciudad o a vivir en condiciones precarias, con riesgos para su salud y seguridad.
El edificio donde residen las familias presenta graves deficiencias estructurales, incluyendo infestación de ratas, desprendimientos y peligro constante. Las familias, organizadas junto al Sindicato de Inquilinas de Cádiz, rechazan abandonar su ciudad y afirman estar decididas a continuar su lucha frente a la inacción institucional y las presiones de la Sareb.
Las familias requieren un realojo dentro de Cádiz para poder mantener su trabajo, el acceso a sus centros médicos y la vida social en sus barrios. Sin embargo, Sareb asegura no poder ofrecer viviendas aptas en la ciudad debido al estado de sus inmuebles, mientras que el Ayuntamiento no se compromete ni a facilitar un realojo transitorio ni a utilizar viviendas vacías de Procasa o las numerosas viviendas turísticas disponibles.
Durante la reunión del lunes 30, ni el Ayuntamiento ni Sareb presentaron soluciones concretas, evidenciando que sus prioridades son otros intereses. La Sareb, que lleva más de tres años sin ofrecer respuestas, y el Ayuntamiento, que prioriza la colaboración con promotoras inmobiliarias, han dejado a las familias en una situación de abandono.
Las presiones para que las familias abandonen el edificio ya han comenzado, por parte tanto del Ayuntamiento como de Sareb, sin respetar los tiempos ni las necesidades de quienes desean seguir viviendo en Cádiz. La Sareb planea traspasar más de 40.000 viviendas al Sepes, entre ellas las de Javier de Burgos 19, lo que añade incertidumbre a la situación.
Las vecinas, con el respaldo del Sindicato de Inquilinas, se mantienen firmes y unidas. Su portavoz, Khaoula, expresó en una manifestación que «solo el pueblo salva al pueblo», subrayando que solo la unión de la ciudadanía puede proteger sus derechos frente a la desatención institucional.
