Bolaños anuncia la convocatoria de 1.004 plazas para jueces y fiscales en el proceso de estabilización judicial
La medida forma parte de la reforma de la carrera judicial y fiscal, que busca reducir la temporalidad y cumplir con los estándares europeos en un plazo de dos meses tras la entrada en vigor de la nueva ley
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves la convocatoria de 1.004 plazas para juezas, jueces y fiscales sustitutos dentro del proceso extraordinario de estabilización contemplado en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. La cifra se desglosa en 673 plazas para jueces y 331 para fiscales.
La convocatoria, que será publicada en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la nueva ley, responde a la necesidad de reducir la temporalidad en el sistema judicial y cumplir con las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha advertido en dos ocasiones a España por incumplimiento en esta materia. De no abordarse esta reforma, España se enfrentaría a sanciones por parte de la Comisión Europea.
El anuncio se realizó durante la inauguración de la jornada “La reforma de la carrera judicial y fiscal: las nuevas propuestas”, celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) en Madrid, donde se analizaron los detalles del proyecto actualmente en tramitación parlamentaria.
Esta convocatoria forma parte de un plan más amplio que prevé la apertura de cerca de 1.500 plazas adicionales en los próximos tres años, lo que supone la mayor inversión en décadas para ampliar, estabilizar y modernizar los recursos humanos del sistema judicial español.
El proyecto de ley también introduce importantes cambios estructurales con un triple objetivo: garantizar la igualdad de oportunidades, modernizar el sistema de acceso y reducir la temporalidad en la carrera judicial y fiscal.
Entre las medidas destacadas figura el blindaje legal de las becas SERÉ para opositores, con una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional y una duración de hasta cuatro años. Además, el Centro de Estudios Jurídicos asumirá un nuevo rol como red pública de preparación de oposiciones, con implantación territorial, para facilitar el acceso a quienes carecen de medios económicos o residen fuera de los grandes núcleos urbanos.
El proyecto prevé también una profunda revisión del modelo de selección, vigente desde el siglo XIX, incorporando una prueba escrita anonimizada que evalúe el razonamiento jurídico y la grabación íntegra del examen oral para garantizar la transparencia.
Para mejorar aún más la transparencia y equidad del proceso, se regularán los preparadores de opositores y se prohibirá la financiación privada de las asociaciones judiciales.
Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar el servicio público de Justicia, consolidar las Carreras Judicial y Fiscal y cumplir con los estándares europeos, avanzando hacia un sistema más moderno, justo y estable.
