Bomberos Unidos pide la dimisión del gerente del Consorcio de Bomberos de Cádiz
La petición de dimisión del gerente del Consorcio de Bomberos de Cádiz se produce tras constatar la Inspección de Trabajo infracotizaciones ya abonadas con recargo
Bomberos Unidos, agrupación formada por los sindicatos CSIF, SBC y SAB, ha reclamado a la Diputación y al presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) que promuevan la dimisión del director-gerente. La plataforma fundamenta su petición en las infracotizaciones a la Seguridad Social detectadas por la Inspección de Trabajo y en sus denuncias sobre las guardias localizadas y la contratación de servicios a empresas.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz comunicó el 2 de octubre de 2026 que el Consorcio había ingresado las cuotas que debía y el recargo correspondiente por una situación de infracotización comprobada. El procedimiento estaba relacionado con varios conceptos salariales, entre ellos atrasos, bolsas de horas, regularizaciones de esas bolsas y premios por años de servicio.
Según el informe de la Inspección, el problema se produjo al incluir la totalidad de determinadas cantidades en la base de cotización del mes en el que fueron abonadas, pese a que su devengo correspondía a varios meses. Esta forma de contabilizarlas provocó que la cantidad superase la base máxima de cotización y que no se cotizara correctamente por esos conceptos.
El oficio da continuidad a otras comunicaciones remitidas el 26 de febrero y el 23 de junio de 2026 dentro de las actuaciones inspectoras. La agrupación sindical sostiene que las infracotizaciones se produjeron entre 2021 y 2025 y estima en unos 450.000 euros las cantidades que dejaron de cotizarse durante ese periodo. Esta cifra es un cálculo de Bomberos Unidos y no aparece cuantificada en el informe de la Inspección aportado por la plataforma.
Los sindicatos advierten de que esta situación afectó a las bases reguladoras utilizadas para calcular futuras prestaciones y pensiones de los trabajadores. La Inspección confirma el ingreso posterior de las cuotas pendientes y sus correspondientes recargos, aunque la reclamación sindical mantiene que la gestión de estos pagos debe tener consecuencias en la dirección del organismo provincial.
Otro de los asuntos planteados por Bomberos Unidos se refiere a las guardias de localización. La agrupación asegura que en mayo de 2025 solicitó al Consorcio que aclarase si estas guardias eran voluntarias u obligatorias y qué normativa regulaba su realización. Según su versión, después de dos escritos y de distintos contactos con responsables institucionales no ha recibido una respuesta clara sobre los criterios aplicados.
La plataforma cuestiona que la obligatoriedad pueda variar en función del momento o de la persona que solicite no realizar la guardia. También reclama que se detallen las cantidades abonadas por estas localizaciones y los criterios utilizados para autorizar los pagos, especialmente en el caso del director-gerente. En el correo remitido a los medios, Bomberos Unidos afirma que algunas guardias de fines de semana no presenciales han supuesto pagos superiores a 1.000 euros.
La tercera cuestión incluida en la petición de cese afecta a la contratación de servicios externos. Bomberos Unidos afirma haber comprobado que al menos una empresa prestó servicios esenciales y recurrentes para el CBPC antes de que apareciera, en 2020, su primer contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A partir de esa información, pide que se aclare qué cobertura contractual existió, qué cantidades se abonaron y qué procedimiento se utilizó.
La agrupación relaciona esta reclamación con las auditorías de las cuentas anuales de los organismos dependientes de la Diputación. En concreto, señala que el expediente CC/2010/2021 incluyó la contratación de auditorías para los entes instrumentales provinciales, entre ellos el Consorcio de Bomberos, y sostiene que esos informes deben realizarse anualmente y publicarse en la sede electrónica conforme al Real Decreto 424/2017.
Bomberos Unidos asegura que ya ha solicitado esa documentación mediante los mecanismos de transparencia. La organización, que afirma representar al 70% de la plantilla funcionarial del Consorcio, considera que las tres cuestiones —cotizaciones, guardias localizadas y contratación externa— justifican la convocatoria de una Junta General extraordinaria del CBPC.
La petición concreta de CSIF, SBC y SAB es que los representantes de la Diputación impulsen esa reunión y sometan a votación el cese del director-gerente. Las acusaciones sobre las guardias y los servicios prestados por empresas forman parte de las denuncias de la plataforma sindical, mientras que el documento de la Inspección de Trabajo acredita la infracotización y el posterior abono de las cuotas y recargos por parte del Consorcio.
