El Gobierno somete a audiencia pública la regularización extraordinaria de personas extranjeras ya residentes en España
El Ejecutivo abre el trámite de audiencia pública del decreto para regularizar a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con permisos de residencia y trabajo y un proceso abierto hasta junio de 2026
El Gobierno ha iniciado el trámite de audiencia pública del texto que regula un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras que ya se encuentran en España. Se trata de un paso previo a la aprobación definitiva del real decreto que permitirá conceder autorizaciones de residencia y trabajo a quienes cumplan una serie de requisitos vinculados a su permanencia en el país y a su situación administrativa.
La iniciativa busca dar una respuesta inmediata a la situación de cientos de miles de personas extranjeras que residen en España desde hace meses o años y que no han podido acceder a las vías ordinarias de regularización. El objetivo es dotar de seguridad jurídica tanto a estas personas como al propio sistema, facilitando su integración social y laboral dentro del marco legal vigente.
El Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de esta regularización extraordinaria, que se enmarca dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Con este plan, el Gobierno pretende reforzar un modelo de política migratoria basado en la integración, la convivencia y el respeto a los derechos humanos, en un contexto de crecimiento económico y cohesión social.
El proceso estará dirigido a personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Esta permanencia podrá demostrarse mediante documentos públicos, privados o una combinación de ambos, lo que amplía las posibilidades de acceso al procedimiento.
En el caso de las personas solicitantes de protección internacional, bastará con que la solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y pueda acreditarse dicha circunstancia. Además, uno de los requisitos esenciales será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público o la seguridad.
Las personas que obtengan la regularización accederán a una autorización de residencia con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector económico. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año y, una vez transcurrido ese periodo, los beneficiarios deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva y estable.
El diseño del procedimiento busca simplificar los trámites administrativos. El plazo máximo de resolución será de tres meses, aunque la admisión a trámite de la solicitud se resolverá en un plazo de hasta quince días. Desde ese momento, las personas solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral, incluso antes de la resolución definitiva del expediente.
El calendario previsto contempla que las solicitudes puedan comenzar a presentarse a principios de abril, una vez completados los trámites formales de aprobación del real decreto. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, ofreciendo un margen amplio para que las personas interesadas puedan acogerse a la regularización.
El alcance de la medida se dirige principalmente a personas que han quedado fuera de los cauces habituales de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acceder a las distintas figuras de arraigo existentes. La regularización se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Desde el Gobierno se subraya que esta iniciativa beneficia tanto a las personas trabajadoras como al tejido empresarial. La obtención de permisos de residencia y trabajo permite reducir la economía sumergida y aporta mayor seguridad jurídica a las relaciones laborales, facilitando además el control administrativo y fiscal.
Uno de los ejes centrales del texto es la protección de la unidad familiar. El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España. En estos casos, el permiso de residencia para los menores tendrá una vigencia de cinco años, reforzando la estabilidad de los núcleos familiares ya asentados en el país.
El Gobierno enmarca esta regularización extraordinaria en una trayectoria histórica en la que España ha recurrido a este tipo de procesos cuando la realidad social ha superado los mecanismos administrativos ordinarios. En décadas anteriores, distintos gobiernos impulsaron regularizaciones para ordenar situaciones consolidadas de hecho y adaptar el marco legal a la realidad existente.
Con la apertura del periodo de audiencia pública, el Ejecutivo permite que la ciudadanía, entidades sociales y organizaciones interesadas presenten aportaciones al texto antes de su aprobación definitiva. Este trámite busca mejorar el contenido normativo y garantizar que el proceso se ajuste tanto al marco legal español como al europeo.
La regularización extraordinaria se presenta así como una herramienta para ordenar una situación administrativa compleja, facilitar la integración de personas que ya forman parte de la sociedad española y avanzar hacia un modelo migratorio más estable, previsible y coherente con la realidad social y económica del país.
