La decisión de abrir las playas para el esparcimiento de los niños por parte del Ayuntamiento de Cádiz no ha estado exenta de polémica. No han sido pocos los detractores que han tachado al alcalde de Cádiz de irresponsable por la decisión. Pero, ¿qué lleva a municipios cercanos a tomar decisiones dispares?
Lejos de lo que puediera pensarse la situación de la capital no es la misma que la de los municipios vecinos. En Cádiz, los siete kilómetros de playa se encuentran en el núcleo urbano mientras que San Fernando y Chiclana son ciudades de interior que cuentan con playas en su término municipal, pero alejadas del núcleo urbano. Esta diferencia no es sutil. Si los ayuntamientos de Chiclana y San Fernando permitiesen el uso de los arenales para el disfrute infantil dejarían a la mayoría de su población sin poder acercarse a las mismas, pudiendo disfrutar de ellas solo una pequeña parte de los habitantes. Esto en tiempos de confinamiento y balconazis por doquier podría crear más perjucios que beneficios. Además, obligaría a las fuerzas del orden a establecer controles para comprobar que los que se acercaran a las playas lo hacen sin alejarse un kilómetro de sus domicilios. Una tarea y unos recursos que desde estos ayuntamientos no estarán dispuestos a malgastar.
El caso de Cádiz es radicalmente distinto. Son muy pocas las viviendas de la capital que se encuentran a más de un kilómetro de alguna de las cuatro playas de la ciudad. Hay que recordar que el istmo en la zona de Puertatierra mide aproximadamente un kilómetro de La Victoria a la Bahía. Y, en todo caso, aquellas que se encuentran a mayor distancia siempre tienen, al menos, un balcón al mar dentro de la distancia permitida.