José Pacheco: “El objetivo es garantizar que las personas que pasan más dificultades tengan acceso a las mascarillas, lo que supone su protección y la de su entorno frente al virus”
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La Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha iniciado hoy el reparto de las 312.000 mascarillas que el Ejecutivo central ha enviado a la provincia para que se distribuyan a todos los ayuntamientos y a las entidades sociales Cruz Roja, Cáritas y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) que, a su vez, lo destinarán al personal de servicios esenciales y colectivos de población vulnerable.
El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha asegurado que “el objetivo es garantizar que las personas que pasan más dificultades tengan acceso a las mascarillas, lo que supone su protección y la de su entorno frente al virus”.
José Pacheco ha destacado que este material llega a toda la provincia y se reparte con la colaboración de ayuntamientos, Diputación y entidades sociales, “que realizan un trabajo esencial y que están siendo ejemplares en esta situación tan complicada, sirviendo de apoyo a quienes peor lo están pasando”.
En concreto, de las 312.000 mascarillas que llegan a la provincia, 162.092 van destinadas a los municipios de más de 20.000 habitantes; 27.908 a las localidades de menos población; y 122.000 a Cruz Roja, Cermi y Cáritas.
Este lote de mascarillas será distribuido entre las personas que forman parte de servicios esenciales, como policía local, servicios sociales, bomberos, residencias, protección civil, entre otros; así como entre los colectivos vulnerables, en función de las características y necesidades de cada localidad.
Con este nuevo envío, el quinto efectuado hasta la fecha y que se suma a las entregas realizadas en abril, mayo, junio y septiembre, el Gobierno ha distribuido en Cádiz, desde el inicio de la crisis sanitaria, casi 1,5 millones de mascarillas (1.469.638 unidades) que se han repartido entre los usuarios del transporte público, los ayuntamientos, las ONG, los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empleados públicos de la provincia, entre otros colectivos.